La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha tiene un superávit de 7.102 plazas en residencias de mayores, solo por detrás de Castilla y León con 17.503, y ambas regiones son a su vez las que tienen mayor cobertura de plazas de financiación pública.

En España, por su parte, pese a que en 2021 hubo un 2 % más de plazas en residencias que un año antes (7.766 plazas más), el déficit de plazas residenciales sigue aumentando como consecuencia del incremento de personas mayores y serían necesarias al menos 35.000 para atender a grandes dependientes en lista de espera.

Según los últimos datos publicados por el Imserso, a cierre de 2021 había 397.443 plazas residenciales para personas mayores en España, de las que el 62,7 % son de financiación pública (en centros públicos y concertadas en privados).

Tras el estancamiento de 2020, en 2021 se registró un aumento del 2 %, insuficiente para cubrir las necesidades de los mayores ya que serían necesarias 76.350 para cumplir los criterios de la OMS de 5 plazas por cada 100 mayores de 65 años o al menos 35.000 para atender la demanda actual de personas en Dependencia Severa o Grandes Dependientes.

Son datos del análisis realizado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales sobre la situación de las residencias de mayores a dos años de la pandemia de la covid-19, con una media de 4,2 plazas cada 100 mayores.

Las comunidades con mayor déficit son Andalucía y la Comunidad Valenciana, con 31.475 y 23.485 respectivamente. Mientras que en otras cinco autonomías sigue habiendo un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 17.503.

"Las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Por ello, a pesar del incremento de plazas residenciales, su déficit sigue aumentando", explica José Manuel Ramírez, presidente de la asociación.

Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5 %, en el último año este déficit alcanza las 76.350, alerta el informe.

Según las estadísticas del Sistema de Atención a la Dependencia, hay más de 140.862 personas en espera (80.862 ya valoradas con Grado II y III y más de 60.000 pendientes de valorar), de las que una de cada cuatro demandaría un servicio residencial en plaza pública, concertada o en prestación económica vinculada a ese servicio.

De ahí la estimación de que serían necesarias unas 35.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia, destaca Ramírez.