La cascada de reacciones a los indultos a los implicados en el ‘procés’ catalán no dejaron ayer de sucederse. Desde la Federación Empresarial Toledana tienen muy claro su posicionamiento, y aseguran que «los indultos concedidos no son legítimos, posiblemente sean ilegales y constituyen un acto inmoral».
Para sustentar sus acusaciones afirman que los delitos cometidos tenían por objeto romper la unidad territorial de España, que Fedeto considera inquebrantable e indiscutible. «La división de España no tiene marco jurídico en nuestra Constitución y representaría una catástrofe de incalculables consecuencias», afirman.
Además, desde Fedeto señalan que «no existe debate posible sobre la unidad de España ni sobre la posibilidad de dividirla al margen de la soberanía nacional que reside en todo el pueblo español. Una parte de la ciudadanía radicada en una de sus regiones, no tiene legitimidad para decidir nada a este respecto y, menos, de forma unilateral».
También consideran que «no son legítimos ni jurídicamente aceptables concertaciones, diálogos o negociaciones políticas o de cualquier otra índole que puedan contemplar, siquiera de modo indirecto, el escenario de la ruptura de la unidad nacional».
Además, apuntan a que «el gobierno de España ha concedido los indultos en base a unos argumentos difíciles de encuadrar jurídicamente, complejos de explicar y más aún de comprender».
Añaden desde la patronal toledana que «para la concesión de los indultos es necesario, por parte de los delincuentes, mostrar una actitud y una conducta de arrepentimiento. Esto no se ha producido».
De la misma forma, señalan que «pese a que la doctrina jurisprudencial española ha matizado la condición de arrepentimiento, interpretando que puede considerarse como tal el mero hecho de aceptar el indulto, nos encontramos ante un caso en el que los delitos cometidos son de tal gravedad y entidad que es necesario e inexcusable que los delincuentes muestren arrepentimiento, con la misma intensidad pública con la que los cometieron. Los delitos cometidos se anunciaron con publicidad nacional e internacional, con una clara intención de deteriorar la imagen de España, su ordenamiento jurídico, su Estado de Derecho y sus instituciones, fundamentalmente las políticas y judiciales».
Por otro lado, apuntan a que «si se ha aceptado como argumento para conceder los indultos un argumento tan endeble como la mera aceptación del perdón por los condenados, debe aceptarse igualmente que es injusto haberlos concedido cuando esos mismos delincuentes, en pleno proceso de tramitación de los indultos, han seguido manifestado públicamente de forma clara, explícita e indubitada que no sólo no se arrepienten de lo que hicieron, sino que están dispuestos a volver a hacerlo si fuera necesario».
Reiteran que «no es legítima ni moral la concesión de los indultos a delincuentes que públicamente se han mofado de esa medida de gracia, manifestando que el indulto es una muestra de debilidad de las instituciones del Estado».
Aseguran a la vez que «las condiciones jurídicas básicas de los indultos se han alterado arbitrariamente gracias a una interpretación falaz que desnaturaliza esa medida de gracia. Lo que se ha hecho en el presente caso condicionará otros indultos en el futuro respecto de cualquier tipo de delitos. La forma de proceder en este caso, sobrepasando la regulación española del indulto, ha convertido esta institución jurídica en algo a concretar en función de intereses políticos ajenos a la justicia».
Señalan que «no es válido el argumento empleado para conceder los indultos consistentes en que es el único medio para lograr un bien público superior, la normalidad en Cataluña. Los condenados tenían como objetivo, precisamente, quebrar ese bien público, anunciaron sus delitos y delinquieron públicamente. Utilizaron para ello instituciones públicas y, ahora, manifiestan públicamente que no cejarán en el empeño de seguir actuando del mismo modo».
Y terminan apuntando desde Fedeto que «el único responsable de conceder los indultos es del gobierno de España. Cualquier opinión que apoye esa decisión, venga de donde venga, no justifica, en absoluto, la legitimidad la misma ni la convierte en jurídica, moral o éticamente aceptable».
Por todo ello, Fedeto espera que el Tribunal Supremo anule esta decisión. «De no hacerlo el Supremo, confía en que el Tribunal Constitucional vuelva a reinstaurar el orden jurídico en que se basa la institución jurídica del indulto y, en consecuencia, anule la decisión gubernamental», sentencian.