Se suele decir que no hay dos sin tres y en el conflicto laboral de los empleados de la limpieza y de la atención domiciliaria parece que se cumplirá porque ya se han llevado a cabo dos concentraciones de protesta junto a los sindicatos CCOO y UGT sin resultados, con lo que el siguiente paso será una convocatoria de huelga si la patronal sigue sin escuchar las propuestas para el nuevo convenio colectivo.
De momento, la negociación no ha dado frutos y ambas secciones sindicales dan de plazo hasta la próxima semana a las empresas para avanzar en las propuestas. En caso contrario, se irá a una huelga general del sector en la provincia de Toledo, que acoge a unos 5.000 empleados, el 80% mujeres y una gran mayoría en reducción de jornada. Los sindicatos no están dispuestos a esperar más tras el desplante de la patronal y consideran necesario mover ficha lo antes posible para seguir presionando antes de que llegue el periodo vacacional de verano.
CCOO y UGT comparten la misma sensación, que las empresa, en su mayoría contratas de la administración pública, no están dispuestas a materializar mejoras a pesar de las necesidades de una plantilla que sobrevive con salarios precarios y condiciones muy mejorables desde hace mucho tiempo. En este caso, la mayoría no alcanza los mil euros de sueldo y sigue perdiendo dinero por la subida del IPC, lo que provoca que sea necesaria una subida y un convenio colectivo a cinco años que garantice mayor estabilidad al sector.
Además, el secretario de la Federación de Servicios de UGT en Castilla-La Mancha, Pedro Barriga, insiste en que las administraciones públicas «poco pueden hacer» directamente en este conflicto laboral, pero sí tienen la oportunidad «de mediar», exigir a las empresas concesionarias del servicio de limpieza que el personal cobre «un sueldo digno», que se cumplan «los derechos fundamentales» y las normativas, como el Estatuto de los Trabajadores.
Los sindicatos se han puesto en contacto con el Sescam y con otras administraciones públicas para informar de la situación, pero tampoco tienen noticias a pesar de que esta mañana se haya celebrado la segunda jornada de movilizaciones.
En este sentido, Barriga repite en varias ocasiones que estos trabajadores «no quieren ser pobres y están cansados de no llegar a fin de mes». Además, la mayoría son familias monoparentales que se ven obligadas a acudir a Cáritas para obtener comida porque sus ingresos no son suficientes, algo inconcebible y, sobre todo, «algo que no se puede permitir en un estado de derecho».
En su opinión, la patronal no debería poner «líneas rojas» ni enrocarse en este caso en el que se sabe que es tan necesaria una negociación que mejore las condiciones laborales de un sector que «ha sufrido» mucho con la pandemia en estos dos últimos años.
Otra propuesta. Al margen del convenio colectivo a cinco años y de la subida del IPC, ambos sindicatos solicitan también una reducción de jornada para pasar de 39 horas a 37 horas semanales. Si bien, tampoco esperan que la patronal se pronuncie porque hasta ahora sigue sin hacerlo.
De momento, únicamente hay una propuesta por parte de Aspel, una de las grandes empresas para materializar un convenio a tres años y un IPC al 7% cuando las plantillas han perdido un gran poder adquisitivo y lo lógico es un IPC al 10%, pero la idea no convence a los sindicatos ni a la plantilla de trabajadoras porque siguen perdiendo mucho dinero. Así lo resume José Luis del Cerro, responsable de la Federación Hábitat de CCOO, que apunta además que las negociaciones con este sector también se están llevando a cabo en otras provincias de la region con idéntico resultado, con lo que no descarta que finalmente la huelga sea de ámbito regional en lugar de provincial.