Coinciden todos los alcaldes de pueblos pequeños con los que trato: si en el momento de ser elegido te hablas con la mayoría de los vecinos, al concluir el mandato lo normal es que te haya retirado el saludo, al menos, un 10 por ciento. Forma parte del desgaste. Si revalidas el cargo en varias elecciones más, ese porcentaje irá disminuyendo de forma progresiva. No se puede contentar a todos a la vez, en el mismo sitio, ni se puede incumplir la ley, por mucho que te presionen al grito de «si nadie se va a dar cuenta». Lo de escudriñar el perfil del paisano sabiondo daría para otro análisis pormenorizado. «Encima de no cobrar un euro y tener que poner dinero muchas veces de tu bolsillo, sólo me faltaba acabar en la cárcel por prevaricación». Esto, que me lo cuenta un alcalde de un pueblo de menos de 100 habitantes, lo he escuchado, con otras palabras, en boca de regidores de localidades de tamaño similar. Y añaden: «La gasolina que gastas en los desplazamientos no la cargas casi nunca al Ayuntamiento. Y cuando vienen los técnicos, los de las obras, los de los proyectos, ¿sabes quién paga en el bar? Pues eso».
En los últimos 20 años, en España el número de municipios de menos de 100 vecinos censados ha crecido un 47%. Es un indicador que refleja bien la realidad del medio rural y de la progresiva despoblación de la que se están aprovechando un grupo cada vez más amplio de trincones. Según los últimos datos actualizados del Instituto Nacional de Estadística, la provincia de Guadalajara encabeza esa lista con 176 pueblos que no llegan ni al centenar de empadronados. Le siguen Burgos (164) y Soria (119).
De estas localidades más pequeñas apenas se habrá acordado alguien con mando en plaza en estos últimos cuatro años. Ahora, toca convencer a los que cada vez están menos dispuestos a ser engañados. Y en esas andan los partidos durante estos días de abril. Unos, por una cuestión estadística y para presumir de que han presentado candidatos en todos los pueblos de la provincia; otros, por ver si suman los votos suficientes que les permita rascar algún diputado en la Diputación.
El plazo para presentar candidaturas finaliza el domingo 23 de abril, cinco semanas antes de las elecciones, y en esas localidades menos pobladas los órganos provinciales de los partidos dejan siempre los deberes para el último momento. No suele haber pugnas entre dos aspirantes que quieran encabezar la lista y lo complicado es encontrar a alguien dispuesto a empeñar su tiempo, su prestigio y, depende en qué momentos, su propia integridad. En esa labor de convencimiento suele emplearse un chantaje emocional que, en no pocas ocasiones, da sus frutos: «Si no os presentáis ninguno del pueblo, tendremos que poner a alguien de fuera porque no podemos dejar que no haya lista del partido».
El contraste con los puestos en los que hay un sueldo en juego es evidente. Ahí se sacarán los ojos y volarán los cuchillos hasta conseguir entrar en los primeros puestos de las listas y optar así a un sillón en el que permanecer amarrado durante unos cuantos años. La escena se volverá a repetir en apenas unos meses, cuando haya que designar los nombres que quieren llegar al Congreso y al Senado. En ese momento, volverán a hacer campaña los parlamentarios que sólo se han acordado de la provincia por la que fueron elegidos cuando han venido a cazar o a tomar cañas con sus amigos de la infancia. Más les valdría a los profesionales de la política aprender de esos alcaldes que, sin recursos en el Ayuntamiento, sin medios ni ayuda de ningún tipo, encarnan la auténtica figura del servidor público, sin más interés que mejorar las condiciones de su pueblo y las de sus vecinos.