Entre la bajada del consumo, el aumento de los precios en las materias primas, la subida del coste de la energía o las restricciones sanitarias a las que han estado sometidos durante la pandemia, a los comerciantes no le quedan muchos ánimos para abordar iniciativas en sus establecimientos que no estén lo suficientemente consensuadas. Y para ellos, la medida que plantea la obligatoriedad de instalar puertas de cierre automático para ahorrar energía es una de las decisiones a las que hacen referencia. De ahí que haya sido recogida con indiferencia y poca convicción en el sector pese a estar dentro del decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno de España.
De hecho, en Toledo capital el número de comercios con puertas automáticas es mínimo, y la inmensa mayoría de los que cuentan con ellas es porque ya las habían instalado mucho tiempo antes de que lo dictara un decreto. La tónica general del empresario toledano es la de 'hacerse el sueco', pese a que el período para acometer estas instalaciones finalizaba el pasado día 30 de septiembre. Otros no esconden que conocían la orden y sus plazos, pero que no contemplan hacer un cambio de esas características en sus establecimientos por el momento porque no le ven sentido o porque ya cuentan con otro tipo de puerta que les hace la función.
Aunque las opiniones de los comerciantes encuestados fueron francamente comunes, algunos como los regidores de un local junto a la plaza de Zocodover destacan que en su caso tendrían problemas para hacer el cambio porque su puerta actual es un portón grande con cierre de metal que se abre de abajo a arriba y permanece todo el día abierto, por lo que creen que de cambiarlo su obra sería «mucho más costosa» que en otros locales.
El porcentaje de locales con cierre automático en la ciudad es escaso. - Foto: Yolanda LanchaUna puerta similar a la de este local mencionado tienen también otros comerciantes con sede en la calle Toledo Ohio, los cuales además de asegurar que «no lo vamos a cambiar salvo que me obliguen o sancionen», exponen que en su caso la obra sería difícil «arquitectónicamente hablando» por la estructura histórica del edificio y de su fachada.
Los hay incluso más contundentes y atrevidos que despejaron las dudas sobre su posible acatamiento del decreto respondiendo tal que así: «que venga Pedro Sánchez a obligarme a cambiar la puerta» ó «que vengan y me denuncien que ya bastante hemos sufrido para que ahora nos obliguen a poner una puerta».
Hay otros comerciantes más obedientes que, aunque de momento no hayan cambiado su puerta, sí que están estudiándolo. Y en el caso de no hacerlo, estos explican que cumplen con el mismo fin que busca el decreto, mantener cerrado su establecimiento mientras esté funcionando el aire acondicionado o la calefacción. Uno de ellos, con su negocio instalado en la calle Comercio, declara que «como autónomo sería tonto si tuviera la puerta abierta, me interesa ahorrar, pero no ahora, siempre». Este último entiende la medida del Gobierno pero cree que no llega en un buen momento y destaca que «al no estar bien planteada ni explicada, va a ser un sálvese quién pueda, unos lo harán y otros no, pero nadie sabe cómo se va a regular».
Está claro que la medida busca ahorrar en tiempos difíciles, pero parece que la obligatoriedad no ha ayudado a acoger adecuadamente la medida entre el sector. Algunos de los afectados calculan que el coste de una puerta de cierre automático oscilaría entre los 3.000 y los 10.000 euros, dependiendo del tipo de establecimiento, puerta y ubicación en el que se encuentre. Lo tienen claro, una piedra más en el zapato de un sector que se siente golpeado.