Los empresarios no están conformes con algunas de las medidas que incluye el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno de España. Más allá de los famosos 27 grados a los que hay que mantener la temperatura de un negocio, el plan dio de margen hasta el pasado 30 de septiembre a los comercios para que adaptaran sus locales con puertas de cierre automático que eviten así perder la energía procedente del aire acondicionado o la calefacción. Para muchos de los empresarios esto es  «imposible» de acometer, sobre todo en el pequeño comercio, porque tras los malos momentos sufridos por la pandemia y la incertidumbre de la crisis económica actual, ahora hay que sumarle un gasto extra que, para muchos, es innecesario.

Desde Fedeto, la Federación Empresarial Toledana, respaldan la posición de aquellos comerciantes que no han aplicado la normativa. Desde el organismo admiten que los empresarios, al menos sus afiliados, conocen el contenido del decreto, pero destacan que «muchos no tienen capacidad económica para instalar una puerta de estas características y otros ni siquiera quieren hacerlo». Son palabras de su secretario general, Manuel Madruga, quién defiende a los comerciantes ante una medida que le parece «una ocurrencia». Madruga expone que la medida carga de gastos extra a unos comerciantes que no  están pasando por un buen momento y ve «realmente incumplible la medida en lugares como la Gran Vía de Madrid, como para obligar a aplicarlo en ciudades como Toledo o Talavera».

Para situar la medida en contexto, Madruga cree que pese a la polémica de otro apartado como el de los 27 grados «los empresarios lo están adoptando bien porque saben que puede ser efectivo y porque la factura está muy cara», pero en referencia a la obligatoriedad de instalar puertas de cierre automático no le ve ningún sentido, porque «el autónomo ya sabe de sobra cómo tiene que ahorrar energía en su local».

El secretario general de Fedeto, por tanto, cree que el Gobierno Central se está equivocando en su política energética. Este alerta de que «el mercado es muy eficiente en términos dinámicos y percibe muy bien cuando una medida es acertada o cuando es una medida de maquillaje. Y esta de las puertas lo es», por lo que anima a que «alguien demuestre el porqué de poner una puerta de estas características supondría algún tipo de ahorro». El representante de los empresarios toledanos considera que esta medida responde a un problema de fondo en el que «España se ha tirado de cabeza a la energía verde cuando todavía no tenemos capacidad de almacenaje suficiente para la energía eléctrica que eso produce» y cree que la solución pasa, «desde hace tiempo», por haber bajado los impuestos de la energía.

Otras organizaciones que representan a las empresas a nivel nacional reclaman dos condiciones básicas para poder cumplir con esta medida que incluye el decreto de ahorro energético del Gobierno. Ayudas económicas para que los comerciantes puedan afrontar el gasto de este tipo de puertas y una moratoria de, al menos, tres meses para dar tiempo a estos a su aplicación. Desde Fedeto están a favor de la primera condición, ya que ven conveniente que el Gobierno Central ponga gasto público «a disposición de lo que de verdad es necesario, porque aunque la medida sea absurda, sin ayuda muchos empresarios no tienen capacidades para afrontarlo». Con respecto a la moratoria, Madruga cree que esta debe ser «indefinida» porque no contempla la obligatoriedad de esta iniciativa: «no creo que el Gobierno se vaya a atrever a sancionar a alguien que no pueda acometer estas ocurrencias».

El representante de Fedeto se muestra especialmente contundente con esta medida porque, a su juicio, «es una incongruencia» y plantea que no es la mejor opción «después de que se hayan destruido más de 13.000 empresas en España de mayo a agosto».

Por el momento, unos diez días después de que acabara el plazo para adaptar los establecimientos a lo que marca el decreto, el porcentaje de locales que lo han implementado no solo en Toledo, sino en todo el país es mínimo, lo que refuerza la postura de Fedeto al respecto. Y es que Madruga concluye que no aboga «porque esto sea la ley de la jungla en la que cada uno decida si cumple o no con la normativa, pero no se puede pedir cosas que no se pueden acometer».