Con la huelga de los transportistas «suspendida», y la normalidad restablecida en el transporte por carretera, otro frente se abre para la patronal. Las medidas adoptadas por el Gobierno de España dentro del conocido como el 'Plan de Choque de Respuesta a la Guerra', incluyen un descuento de 20 céntimos por litro de carburante, que de momento están asumiendo los propietarios de las estaciones de servicio.
Un asunto que no es baladí, puesto que en algunos casos las cantidades devengadas suponen más de 1.500 euros «o incluso los 2.000», como explica Manuel Madruga, secretario general de Fedeto. Esto está llevando a que muchos propietarios de gasolineras estén sopesando la posibilidad de cerrar sus estaciones de servicio para evitar incurrir en suspensión de pagos a proveedores o empleados.
«Menos de la mitad de las gasolineras han recibido el anticipo que anunció el Gobierno para suplir los descuentos», y la gran mayoría ni siquiera han recibido contestación por parte de la Administración, afirma Madruga. Ello supone que se provoque una situación de «angustia» ante lo que definen desde la patronal como «tensión de tesorería», debido a que las cantidades descontadas en cada repostaje superan incluso los propios beneficios que pueden repercutir a los surtidores.
El secretario general de los empresarios toledanos arremete contra las políticas del Gobierno que, tal y como están planteadas, «las pagan los empresarios», puesto que, son estos los que están sufriendo pérdidas en la denominada «fiesta del Gobierno».
Por ello y tras una reunión mantenida el pasado martes en la sede de Fedeto, por la Federación Castellano-Manchega de Empresarios de Estaciones de Servicio, se han definido cuatro medidas elevadas a la Asamblea Nacional de Empresarios de Estaciones de Servicio, ante la posibilidad de que continuando así, la situación se encamine a un cierre «no generalizado» pero sí «contundente», que según estiman desde la patronal afectaría a 4.000 puntos de repostaje en todo el país. Lo que si descartan desde Fedeto, al menos por el momento, es el «cierre patronal».
De entre las medidas a las que se agarra el sector, la primera pasaría por un recurso de inconstitucionalidad del Real Decreto en base al artículo 9 de la Constitución española, ya que según entienden, el Real Decreto es «arbitrario» y causa «inseguridad jurídica ante las obligaciones con Hacienda». Para realizarse de forma efectiva, el recurso tendría que ser llevado a cabo por parte de alguno de los grupos políticos del Congreso, puesto que por otras vías se entraría «en un proceso que puede durar años».
En caso de no prosperar esta vía, lo que piden los empresarios es una «guía» en la que el Ejecutivo central «clarifique lo que quiere», puesto que actualmente se trata de un texto «farragoso y nada claro».
Del mismo modo, Madruga explica la necesidad de la tercera de las opciones, que sería la apertura de una vía de negociación para que los anticipos realizados por parte del Gobierno, no sean de «un mes en función de la media suministrada en 2021», sino del total dispuesto para los meses que esté en vigor el Real Decreto, que de momento se rige hasta el 30 de junio. La forma de pago es otro de los problemas que perciben los propietarios, puesto que «a mes vencido, supone una liquidación», lo que lleva a «un minucioso estudio por parte de Hacienda», que conlleva demoras en el pago o incluso que, por pequeñas que sean las variaciones, se originen intereses o sanciones para las estaciones de servicio.
A colación de esta batería de medidas propuestas, la patronal también vería con buenos ojos el hecho del «aplazamiento de la deuda tributaria», que no se trata de una «condonación», recalca Madruga, sino que es posponer la liquidación de los impuestos más tarde de las fechas habituales para dar con ello mayor capacidad económica a las estaciones de servicio. Esta medida no sería nueva para el Gobierno, puesto que ya se aplicó con los Reales Decretos derivados de la pandemia.
A su vez Madruga advierte de que este decreto no establece una prórroga automática a su vencimiento, por lo que ante una situación inflacionista al alza, que prevé que se prolongará al menos hasta final de año, implica que tras la convalidación de este Real Decreto, «habría que elaborar y convalidar otro para continuar con las bonificaciones hasta final de año».