El Ayuntamiento de Toledo ha sacado a información pública durante 20 días la Alternativa Técnica del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) de la Unidad Ferroviaria de Santa Bárbara (UA2) presentada por la empresa 'Desarrollo Urbanístico Paseo de la Rosa SL'. Tras este periodo se abrirán otros diez días para que los posibles interesados puedan presentar alegaciones y/o alternativas técnicas (propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas) que pretendan competir por este desarrollo urbano.
El terreno está situado entre el Paseo de la Rosa y la línea del AVE, en el barrio de Santa Bárbara, y cuenta con una superficie de 10.223 metros cuadrados, permitiendo una edificabilidad total de 13.645 m² que se destinan al completo para uso residencial plurifamiliar (la normativa actual elimina la referencia al número específico de viviendas que se pueden construir).
Se deben ceder tanto las superficies de suelo de zonas verdes y dotaciones como el 10% del aprovechamiento lucrativo.
El Ayuntamiento adjudica en régimen de gestión indirecta pero la aprobación municipal viene condicionada a la efectiva realización de otras actuaciones programadas, imponiendo obligaciones económicas para compensar a los afectados por sobrecostes de utilidad común.
El PAU debe conectar adecuadamente la urbanización con las redes de infraestructuras, comunicaciones y servicios públicos sin mermar la calidad de estas. Para ello, aparte de urbanizar completamente la unidad, tendrá que realizar las obras públicas complementarias que se precisen.
El coste de las inversiones podrá repercutirse en los propietarios de los terrenos. En este sentido, hay nueve inmuebles particulares (las viejas casas bajas en proceso de demolición) y se indica que si sus dueños no quieren participar en la operación urbanística tienen derecho a renunciar y pedir que se les expropie mediante el pago correspondiente.
En caso de aparecer otra alternativa técnica debe figurar una propuesta de convenio urbanístico a suscribir entre el adjudicatario, la Administración y los propietarios que voluntariamente quieran formar parte, haciendo constar plazos, garantías y penalizaciones.
Por su parte, en la proposición jurídico-económica se deben reflejar la totalidad de los gastos de urbanización, las relaciones entre propietarios particulares, cuotas de reparto de beneficios y cargas, aportaciones al patrimonio municipal de suelo, obras adicionales a las mínimas establecidas legalmente, edificación con criterios de eficiencia ecológica o con fines de interés social.