Los 23 empleados despedidos del Hospital Provincial cuya readmisión en la Diputación fue ordenada por la Justicia, lo que debía haberse hecho efectivo el pasado domingo día 16, tendrán que seguir esperando. La Institución Provincial ha logrado demorar el cumplimiento de las sentencias sin entrar en una situación de desobediencia a la autoridad judicial. Lo ha conseguido planteando un incidente de ejecución, un trámite por el que ha alegado ante los tribunales que le resulta imposible cumplir el fallo favorable a los empleados. Y es que, alega, los empleados no pueden retornar a unos puestos de trabajo que ya no existen.

 El incidente de ejecución fue  planteado el pasado viernes día 14, prácticamente el último día hábil que le quedaba a la Diputación para presentarlo. A través de una nota, la Institución ha señalado que se ha acogido al artículo 238 de la Ley de Jurisdicción Social, que establece que concurre un supuesto de imposibilidad legal y material de readmisión de los trabajadores. Para resolver esta contradicción que dice observar en la sentencia, solicita al Poder Judicial que se cite a todas las partes implicadas en el pleito.

A partir de ahí, la Diputación detalla los argumentos que le llevan a considerar el fallo judicial como incumplible. Aduce que la contratación de estos trabajadores procede «única y exclusivamente» de la gestión de carga de trabajo derivada de los sucesivos convenios de colaboración suscritos entre la Diputación Provincial y el Sescam antes de su traspaso a la Sanidad regional. Estos convenios se resolvieron el 31 de diciembre de 2011, y a lo largo del 2012 se gestionó el proceso de transferencia del Hospital Provincial al Sescam, lo que se hizo efectivo el tres de enero de 2013.

La Diputación mantiene que «antes de eso, en agosto de 2012, los trabajadores, que nunca figuraron en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Diputación de Toledo en su calidad de indefinidos,  finalizaron su relación contractual con la Institución». Por ello remarca que «en el momento actual, ni existen las plazas de estos trabajadores en la RPT de la Diputación Provincial ni hay contenido funcional de los mismos».

En consecuencia, al no existir tales puestos ni contar con una financiación en los presupuestos de la Diputación, tras la culminación de la transferencia del Hospital , la Diputación considera que «concurre una imposibilidad legal y material de readmitir a estos trabajadores».

CCOO y PSOE rechazan la acción del equipo de Gobierno del PP.

En estos momentos, los representantes legales de los despedidos del Hospital Provincial estudian el último paso adoptado por la Diputación para estudiar una próxima respuesta. Tanto uno de los sindicatos que han defendido a los empleados, CCOO, como el partido de la oposición provincial, PSOE, han expresado a este medio su rechazo a esta iniciativa del equipo de Gobierno del PP.

El responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, José Luis Arroyo, han tachado la actuación del Gobierno provincial como una muestra de «irresponsabilidad» al demorar la resolución de un conflicto ya zanjado en los tribunales.

Por su parte, el presidente del Grupo Socialista en la Diputación, Fernando Muñoz, ha dirigido sus críticas directamente al presidente de la Diputación, Arturo García-Tizón. Le acusa de poner en marcha una «maniobra» y «argucia legal» contra unos trabajadores «a los que lleva amargando la vida dos años».

Aunque aún no han estudiado jurídicamente este trámite , tanto Arroyo como Muñoz niegan que la readmisión sea algo imposible. El responsable de CCOO recuerda que los despedidos desempeñaban empleos como auxiliar administrativo, que tienen encaje en el actual organigrama provincial. Por su parte, Muñoz ve ridículas las explicaciones del Gobierno provincial si se tienen en cuenta «las cifras de contratación de eventuales (en la Diputación), que son escandalosas».