El concejal de Urbanismo, Benedicto García, ha dejado claro que lo que necesita Talavera "es una Plataforma Logística Intermodal, con Puerto Seco y Zona Franca Aduanera", porque es "la opción más razonable y beneficiosa, para los intereses económicos y sociales de Talavera de la Reina y su entorno".
En su opinión "es desconcertante y sorprendente, que el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, haya anunciado, "una importante opción de compra" por parte de una empresa privada de los terrenos para desarrollar lo que denomina "Polígono T&T" en Talavera de la Reina, sin informar previamente al Ayuntamiento de Talavera.
En nota de prensa, García ha señalado que Talavera no necesita denominaciones "rimbombantes y vacías de contenido", sino una Plataforma Logística Intermodal, con Puerto Seco y Zona Franca Aduanera, "y un polígono industrial no lo es", independientemente de que se pueda ampliar el espacio de los polígonos industriales, "pero una Plataforma Logística es otra cosa".
En ese sentido, el concejal ha avanzado que le harán llegar desde el Ayuntamiento la petición de información "de ese nuevo anuncio", para que aclare la identidad de dicha empresa, y las condiciones de esa operación; "además de a qué tipo de suelo se refiere esa opción de compra, si es suelo urbanizable, urbanizado, o sobre si dicha opción de compra se ha firmado con los propietarios actuales del terreno y sobre terreno rústico".
García considera "muy importante" esta información dado que la Declaración de Interés Regional dispone "que la actuación se llevará a cabo por gestión directa de la administración regional, señalando el mismo documento, que por el sistema de gestión establecido dichos terrenos podrán adquirirse por expropiación".
"Es decir, en caso de que la opción de compra se haya firmado entre la empresa desconocida y los propietarios actuales, la Junta de Castilla-La Mancha, en vez de comprar o expropiar directamente los terrenos a sus propietarios originales, se los tendría que comprar o expropiar a una empresa que los habría comprado previamente, y que evidentemente esperará obtener algún tipo de plusvalía, lo que supone una enorme contradicción, y una nefasta gestión", ha señalado el concejal.
Por otra parte, Benedicto García ha indicado que en caso de que la operación a la que se ha referido el presidente de la Junta, se haya firmado entre la empresa desconocida y la Administración Autonómica, "articulándose una opción sobre terrenos urbanizables o urbanos una vez adquiridos y desarrollados por la Junta, ésta última habrá posibilitado una opción de compra sobre unos terrenos con los que aún no cuenta, y prescindiendo de todo trámite de información pública y concurso, lo cual no resultaría muy apropiado".
NADA SOBRE EL PLAN DE SINGULAR INTERÉS
Benedicto García ha asegurado que al equipo de Gobierno "nos preocupa que hasta la fecha, que la Junta no haya informado al Ayuntamiento sobre el inicio de la aprobación inicial del Plan de Singular Interés", puesto que el propio acuerdo de Declaración de Interés Regional de fecha 21 de marzo de 23, y publicado el 24 de abril de 2023, establece un plazo de 18 meses para el inicio de dichos trámites, hasta septiembre de 2024, "y pasado el mismo sin que esto suceda, o lo prorroga o caduca, con lo que este Consistorio, evidentemente, no va a transigir".
Por otra parte, el edil ha señalado que en documentos oficiales consta que la Junta de Comunidades hasta la fecha debería haber aportado al proyecto, "durante los ejercicios 2023, 2024 y 2025", las siguientes cantidades, "1.400.000, 5.800.000 y 3.200.000 euros respectivamente, con cargo a los presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha".
Sin embargo, en los presupuestos, en el año 2023 apareció un total de 1.400.000 euros y para este año un total de 10.820 euros, "lo que nos parece un auténtico despropósito, máxime cuando, este Ayuntamiento no tiene conocimiento de que se haya gastado cantidad alguna en este proyecto, salvo por el coste de redacción del proyecto para la solicitud de la Declaración de Interés Regional, que según datos públicos rondó los 15.000 euros".