El juicio al exalcalde de Ocaña, José Carlos Martínez Osteso (PP) y cuatro concejales de su Junta de Gobierno en el periodo 2003-2007 ha quedado visto para sentencia después de que la Fiscalía haya agravado sus acusaciones contra los ediles. El fiscal presente en la vista oral celebrada en el Juzgado de lo Penal 2 de Toledo se ha adherido al relato de los hechos de la Acusación Particular presentada por el PSOE, lo que supone que ambas acusaciones asumen como delictivas las más de treinta licencias urbanísticas que se han estudiado en el proceso. La Defensa ha protestado por este giro de última hora del Ministerio Público, al entender que socava la posición de sus clientes a la hora de mantener su inocencia.
Las dos acusaciones mantuvieron sus peticiones de pena para los acusados. En el caso de la Fiscalía, se consideran los hechos como un presunto delito de prevaricación urbanística, por el que pide 10 años de inhabilitación y una multa de 43.200 euros para el exalcalde y nueve años de inhabilitación y 34.200 euros de multa para cada uno de sus compañeros de Junta. Por su parte, el PSOE entiende lo ocurrido como un presunto delito contra la ordenación del territorio, por lo que reclama para el exregidor un año de cárcel y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años, mientras para cada concejal pide seis meses de prisión e inhabilitación por diez años.
Sin embargo, el matiz que introducen la acusación pública y particular es considerar el delito como continuado. Algo de especial trascendencia en el caso del fiscal, que inicialmente sólo presentaba acusación por uno de los aspectos de la gestión urbanística de Osteso y su grupo, la concesión de licencias en unas calles determinadas, como Mayor de Villar. Sin embargo, en su lectura de conclusiones, el fiscal señalaba que los acusados no había cometido una mera infracción administrativa, sino que habían mantenido una conducta prevaricadora que se podía ver en las «treinta y tantas licencias» denunciadas por el PSOE y en un acuerdo previo de la Comisión Municipal de Urbanismo que les dio cobertura. Tras recordar que la secretaria municipal advirtió a los acusados de la posible ilegalidad de cada una de sus decisiones, concluyó que se «dan todos los elementos del delito de prevaricación», incluyendo «conductas dolosas» ya que los acusados debían ser conscientes de que sus decisiones podían ser ilegales.
Por su parte, el abogado de la Acusación Particular, Carlos Luis Toledo, achacó a los acusados el burlar la ley para beneficiar a los que recibieron las licencias. Ese beneficio se concreta en que, para conceder las licencias conforme a derecho, hubiera sido necesario modificar previamente las Normas Subsidiarias de Ocaña, un trámite que se hubiera demorado cuatro años. «Se les da un beneficio temporal», resumió. Y por ello, señalando el peso económico de algunos receptores de las licencias como empresarios o «principales terratenientes» de Ocaña, denunció que el objetivo del exalcalde y concejales «era crear una red de beneficiarios que les ayudara en las elecciones para perpetuarse en el poder».
Testigos de la defensa.
Este dibujo de una red clientelar hecho por el abogado del PSOE fue rechazado por el abogado defensor de Osteso y los ediles, Víctor Sánchez Beato, como «cuentos que no vienen al caso». Precisamente, una parte de los receptores de las licencias declararon ayer como testigos de la defensa. Estos confirmaron las versiones exculpatorias dadas por Martínez Osteso, como que efectuaron construcciones en zonas urbanísticas ya consolidadas, en algún caso, desde hace 50 años.
Osteso mantiene que «concedimos licencia donde otros las han concedido».
Todo acusado tiene derecho a decir las últimas palabas antes de que termine su enjuiciamiento. El exalcalde Martínez Osteso hizo uso de esta prerrogativa para reprochar el trance al que se le ha sometido porque «concedimos licencia donde otros las han concedido», reiterando que ha aprobado proyectos de modo similar al seguido por antecesores suyos
El exregidor insistió en que con su concesión de permisos «no ha habido daño a nadie», ya que muchas de las licencias concedidas no se llegaron a ejecutar al verse afectadas por recursos contenciosos presentados por la Junta en la pasada legislatura. También señaló que buscaba agilizar proyectos que favorecían la creación de empleo.
El actual teniente de alcalde, Tomás Vindel, también tomó la palabra para proclamar su inocencia y señalar que en uno de los actos impugnados, una Comisión Municipal de Urbanismo, el representante socialista votó a favor junto al PP.
A vueltas con las Normas Subsidiarias.
Osteso y Vindel también se consideraron perjudicados por la existencia de dos versiones de dos versiones de las Normas Subsidiarias (NNSS)de Ocaña, una usada por el Ayuntamiento que permitiría su actuación y otra empleada por Fomento que la impediría. De hecho, el redactor de las NNSS presentó un informe que confirmaría la actuación de los acusados de permitir viviendas en determinadas zonas industriales, aunque en el juicio matizó que se refería a casas anexas a establecimientos. Una jefa de Servicio de Fomento reconoció la existencia de las dos versiones de la NNSS, sin atreverse a señalar cuál es la correcta porque «no lo sé»,