El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Toledo ha impuesto otro frenazo al proyecto de la Diputación para potenciar el yacimiento arqueológico de Ciudad de Vascos. Un auto de este Juzgado ha determinado la suspensión del acuerdo por el que la Diputación desestimó las alegaciones contra el proyecto presentadas por una propietaria de terrenos en la zona que resultaron expropiados. El auto se basa precisamente en la suspensión de la urgente ocupación de estos terrenos para acometer la construcción de un centro de interpretación de estos restos municipales, que dictó el TSJ a instancias de esta propietaria. La representación de esta mujer entiende que, con este nuevo auto, a la Diputación le resulta imposible reanudar las obras en el yacimiento.

En el auto, al que ha tenido acceso este medio, se acepta la  petición de la propietaria de «la suspensión de la efectividad» del acuerdo  desestimatorio de sus alegaciones. Para ello, se basa en el artículo 130 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, en la que se reconoce la posibilidad de dictar este tipo de medidas cautelares  «cuando la aplicación de la disposición pudiera hacer perder la finalidad legítima del recurso», que ha presentado la afectada contra el acuerdo de la Diputación, que está pendiente de ser resuelto.

La propietaria basa su petición de suspender el acuerdo de la Diputación en el propósito de evitar daños a la ecología y medio ambiente de la zona, así como al patrimonio histórico cultural. Advierte que estos daños podrían ser «irreparables» si se ejecutan las obras. Añade que, de no acordarse esta suspensión, se produciría «la pérdida de la finales del recurso» que ha presentado contra el acuerdo de la Diputación .

A continuación, invoca en su favor la suspensión de la urgente ocupación de los terrenos de Ciudad de Vascos por el TSJ. El alto tribunal  ya apreció que no se daba esta urgencia para acometer el proyecto de la Diputación porque el yacimiento ya cuenta con un centro de interpretación construido en 1999 y una vía para acceder al mismo.

El Juzgado entiende que el argumentario de la recurrente y el propio TSJ «es totalmente trasladable al presente supuesto», por lo que suspende el acuerdo de la  Diputación. Considera que no puede ocasionarse «por la suspensión del acto administrativo una perturbación grave de los intereses generales, nada impide por tanto que se difiera su cumplimiento una vez sea dictada la sentencia».

El 31 acaba la parada biológica. Este auto se ha conocido cuando queda menos de medio mes para que se cumpla el final de la parada biológica impuesta en las obras, que acaba el próximo día 31. La previsión de la Diputación era que los trabajos se reanudaran con la finalización del nuevo Centro de Interpretación situado en la localidad de Aldeanueva de Barbarroya del que actualmente se encuentra completado un 60 por ciento de su construcción.

El motivo de esta parada biológica es que está estipulado que algunas aves que se encuentran en peligro de extinción puedan anidar en la zona. Para ello cubre un periodo de tres meses que va desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo. Tras una polémica sobre si las obras se estaban manteniendo o no en este periodo, el presidente de la Diputación Arturo García-Tizón aseguró que la parada biológica se iba a respetar «a ultranza».

Sin embargo, el abogado de la propietaria, Fernando Cid, avisa que con la nueva resolución judicial, sumada a la del TSJ, a la Diputación le resulta prácticamente imposible reiniciar los trabajos tras la parada. Así, advierte que un recurso de la Institución contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso no sirve para bloquear su ejecución. Además, señala que este recurso iría dirigido a la Sala de lo Contencioso del TSJ, órgano del que espera que mantenga su criterio y lo rechace. Por ello, espera que la construcción del centro de interpretación quede parada, al menos, hasta que se resuelva el recurso contra la desestimación de las alegaciones de su cliente. «La Diputación tiene muy poco margen», resume.

Cid avisa que con las dos resoluciones judiciales «es imposible que las obras se puedan continuar» y espera que la Diputación lo entienda de este modo. En caso contrario, avisa que su cliente permanecerá vigilante y se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que considere oportunas.