El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Talavera, Jorge Olmedo, ha ordenado el ingreso en prisión del recaudador que adeuda en torno a 1,3 millones de euros a diez ayuntamientos de la provincia. J. L. L. B. entró el miércoles en la cárcel de Ocaña I. Según informaron a este diario fuentes judiciales, se le imputa provisionalmente un presunto delito de malversación de caudales públicos de especial gravedad, y continuará la investigación de la causa en la sede judicial.

El juez ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza tras la comparecencia del denunciado en una vistilla para resolver su situación procesal, un proceso que incluyó las testificales de los trabajadores de J. L. L. B. El fiscal y los dos abogados que representan a los diez consistorios afectados solicitaron en ella la entrada en la cárcel del recaudador municipal, quien había explicado en el juzgado un plan de pagos de la deuda que se extendía hasta 2023.

Los ayuntamientos afectados por la deuda de en torno a 1,3 millones de euros del recaudador municipal son: Navalcán, Las Herencias, Calera y Chozas, Alberche del Caudillo, Aldeanueva de Barbarroya, Cazalegas, Los Navalmorales, Rielves, Velada y Ventas de San Julián. Todas estas poblaciones suman alrededor de 19.000 habitantes.

El alcalde de Navalcán, el abogado Manuel Arroyo, quien representa a todos los ayuntamientos a excepción de Los Navalmorales, presentó además la petición de 1.400.000 euros de fianza por el total malversado, cuya satisfacción no implicaría la salida de la cárcel. Este diario intentó contactar con el abogado del recaudador, pero no lo consiguió.

El Ayuntamiento de Navalcán, uno de los más perjudicados porque la deuda supera los 300.000 euros, fue el primero que presentó una denuncia contra el recaudador municipal, concretamente a principios de enero, días después de la dimisión presentada por el denunciado. J. L. L. B. ya había dado un primer paso antes de reconocer esta deuda ante los consistorios, porque el 28 de diciembre de 2013 presentó voluntariamente en el Juzgado de Instrucción número 52 de Plaza de Castilla en Madrid un escrito de autodenuncia en el que explicaba que no podía pagar la liquidación correspondiente a los diez consistorios.

El delito de malversación de caudales públicos está tipificado en el artículo 432 y siguientes del Código Penal y fija una condena máxima de ocho años.

El denunciado acumula una abultada experiencia de más de tres décadas como recaudador municipal y llegó a gestionar en este tiempo cerca de 40 municipios, entre ellos el servicio de Talavera.