l Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha levantado las medidas cautelares que paralizaban la licitación de las obras del nuevo hospital de Toledo. Con la resolución se inhibe del recurso planteado por Taller de Arquitectura Sánchez Horneros (TASH) que solicitaba la liquidación del contrato de la dirección de obra tanto en el apartado económico como en la medición de la obra ejecutada para la delimitación de responsabilidades.
Una vez agotada la vía administrativa, TASH anuncia que continuará el pleito contra la empresa pública Gicaman en los tribunales de lo contencioso-administrativo. De forma paralela, los arquitectos Álvaro Siza y Antonio Sánchez-Horneros, autores del proyecto original, emprenderán una demanda por considerar que se han vulnerado sus derechos al realizar modificaciones en las que no han participado ni han autorizado.
Ambas impugnaciones, la correspondiente a la dirección de obra por parte de TASH y la de los arquitectos (que va a presentarse en los tribunales de Madrid) solicitarán la suspensión cautelar de las obras. «En la jurisprudencia existen varios casos de demolición de lo construido, incluso en elementos de ‘interés general’», explica TASH.
En medio de toda esta polémica toma ahora también un papel protagonista la constructora ‘Acciona’ que, por un lado, encabeza la única oferta que se ha presentado para continuar la construcción del hospital pero también formaba parte de la unión temporal que levantó lo que está edificado y firmó la renuncia del contrato en la que se basa Gicaman para dar por liquidada la relación con los Sánchez Horneros.
Según indica TASH, aparte de ser «firmante del comprometido documento de rescisión», Acciona «ha colaborado con el SESCAM en la redacción de varios documentos y modelado algunos contenidos en el pliego de la licitación de la que previsiblemente será la adjudicataria como única ofertante», por lo tanto se estudia una demanda penal como corresponsable de la vulneración de los derechos de autor.
Atropello. TASH informa que emprende estas acciones legales «en el legitimo derecho de defensa de sus intereses y en lo que considera un atropello por parte de la administración regional». En cuanto a las consecuencias sobre la construcción del centro sanitario consideran que «después de tres años y medio de paralización de la obra por parte del actual Gobierno regional no se puede en ningún caso acusar a TASH a estas alturas de ser los responsables de cualquier paralización futura o presente del proceso. Tampoco se puede utilizar como justificación para ocultar un atropello por parte de la administración regional el paraguas de los intereses generales de los ciudadanos en perjuicio de derechos de las personas y de las empresas». Lo que piden, en definitiva, es que se respete, liquide y pague un contrato firmado con la Administración.