Taller de Arquitectura Sánchez Horneros considera que la noticia de la suspensión cautelar no puede ser una sorpresa para los responsables del Sescam, de Gicaman y de la Junta de Comunidades, en general, porque el pleito lleva activo más de dos años «y nunca nos han llamado para intentar llegar a una solución negociada».

«Nosotros no somos el impedimento para terminar la construcción del hospital», afirma Emilio Sánchez Horneros. De hecho mantiene abierta la posibilidad de sentarse con la Junta para llegar a un arreglo pacifico que pasa por dos puntos: el abono de unos tres millones de euros que les deben y la liquidación de la obra ejecutada firmando la certificación para que si en el futuro hay algún accidente o incidente quede claro que no se les puede imputar a ellos lo que se construya de aquí en adelante.

Dicho esto no encuentra una explicación lógica a todo lo que está ocurriendo y señala como principal causante al vicepresidente regional, Leandro Esteban, que «ha inducido a todos a su alrededor a entrar en una cadena de errores» con aroma político pero cuya consecuencia es que la obra lleva cuatro años parada.

Es más, Horneros asegura que la Junta tiene comprometida la financiación del BEI por no querer liquidar el contrato con TASH. «Si no nos liquidan en Europa no liberan el dinero y la Junta ha decidido tirar para adelante con una macro privatización de todo el Complejo Hospitalario con un modelo que ya ha fracasado en Madrid».

Otro frente que, bajo su punto de vista, abre la resolución del Tribunal es que las empresas interesadas en presentar ofertar ahora tendrán dudas ya que, a la larga, les puede acarrear una suspensión judicial quedando en vilo la inversión que hayan hecho.