En materia de Industria, el problema que urge una solución es el de los trabajadores de la empresa Elcogas de Puertollano. ¿En qué tejado está la pelota? ¿Cuál es la solución más viable?

Yo creo que no se debe politizar un tema como Elcogas ni podemos los políticos dar una imagen de ‘este tema es tuyo o mío’, porque al final hay mucha gente que está pendiente de las decisiones que se adopten y no se puede dar esa imagen frívola cuando hay muchas familias y muchas empresas auxiliares que están perdiendo su puesto de trabajo y están viendo cómo un proyecto empieza a dar pasos para un cierre. Dicho esto, creo que todo el mundo tiene claro, con independencia de los mensajes que se quieran lanzar, que la competencia energética en España y en otros países la tiene el Gobierno nacional y no las comunidades autónomas, y tal es el caso que realmente es la empresa la que solicita una orden de cierre ante la falta de viabilidad de Elcogas, y es el Ministerio de Industria quien da la orden de cierre. Si las competencias las tuviera la comunidad autónoma, nosotros hubiéramos intervenido de alguna forma pero no hemos podido porque no tenemos competencias para ello.

Tampoco se puede jugar con las declaraciones del secretario de Estado diciendo que ponía 20 millones sobre la mesa y hacer de eso una subasta a ver quien da más, porque realmente eso no fue lo que planteó el secretario de Estado en la Comisión. Lo que dijo es que hay una orden del carbón para la desnitrificación que tiene un importe total de 27 millones de euros para 4 años y de alguna forma Elcogas podría ser beneficiaria de esa orden. Pero no son 20 millones para Elcogas y además son para una orden del carbón.

La situación está muy complicada para Elcogas en la actualidad y nosotros pensamos que si el Gobierno quisiera que Elcogas tuviera viabilidad, hace falta una inyección económica del estilo de las que están recibiendo otras centrales similares como la de Mieres. La central de Elcogas produce energía limpia y es innovadora, es decir es un proyecto de innovación y tecnología que corresponde al Gobierno nacional en este caso determinar si quiere seguir apostando por la generación de energías limpias y centros tecnológicos de investigación punteros en Europa o quiere ir hacia otras políticas energéticas.

¿Qué opina de propuestas como las de Podemos de regionalizar la empresa o la del secretario regional de CCOO de nacionalizar las eléctricas?

Creo que al modelo energético español hay que darle una vuelta y habrá que determinar qué política energética queremos llevar en España, y eso igualmente hay que trabajarlo desde el Gobierno que es quien tiene las competencias.

Yo una regionalización de Elcogas no la veo viable porque no es competencia nuestra, la comunidad autónoma no tiene competencias para plantearse un modelo de regionalización de una empresa energética y porque no conseguiríamos impedir el cierre. Para un proceso de regionalización de una empresa hay que dar unos pasos, y la fábrica dejaría de funcionar, las maquinarias estarían obsoletas cuando se quisiera volver a poner la actividad. Esa no es una cosa sencilla que podamos implementar de manera inmediata.

Y además pienso que tampoco podemos hacer una excepción con una empresa privada como es Elcogas de llevar a cabo una regionalización, porque muchas otras empresas están pasando por situaciones similares y de igual manera llamarían a nuestra puerta, y no corresponde al Gobierno regional llevar a cabo regionalizaciones de empresas que están en situaciones financieras o de viabilidad delicadas.

Hay otro proyecto que también está siendo muy conflictivo como es el ATC, que se presentaba como generador de empleo. ¿Confía en que se pueda paralizar y llevar a cabo otra alternativa en la comarca de Villar de Cañas?

Nosotros todo lo que sea apoyo a propuestas de empleo lo vamos a hacer. Lo que no estamos de acuerdo en el caso del cementerio nuclear de Villar de Cañas es que tenga que llevarse a cabo ahí. Creemos que el emplazamiento seleccionado no ha sido por unas causas lógicas o naturales de reducción de costes, de ver realmente dónde se pueden llevar deshechos nucleares en nuestro país. Simplemente pensamos que la ubicación que se ha elegido no ha sido con fines de rentabilidad y de visión y para darle una salida a esos deshechos, y que hay otras formas de generar empleo en nuestra región que no mediante la puesta en marcha de un cementerio nuclear. Porque además genera empleo pero a la vez también lo destruye, porque tampoco el mensaje que se traslada con la instalación de este tipo de empresas es positivo en la zona.

Los sindicatos se quejan de que el diálogo social prácticamente no existió en la pasada legislatura, e instan al Gobierno a activar de nuevo los foros de diálogo social que ya existen. ¿Como se va a normalizar esa situación?

Estamos trabajando en ello. A los sindicatos les estamos dando puntual traslado de los pasos que vamos tomando como en materia del Plan de Empleo y otras iniciativas, precisamente porque pensamos que el diálogo -con independencia de cómo luego lo formalices y se estructure-, hay que empezarlo con un contacto permanente. Estamos viendo cómo enfocarlo pero tenemos previsto poner en marcha tres pactos y uno de ellos es el Pacto por el Diálogo Social con los agentes sociales, que se va a vertebrar desde la Vicepresidencia acompañado de un Pacto para la Recuperación Económica y un Pacto Político. Vamos a instrumentar los canales y comunicaciones y la forma de trabajar con los sindicatos y agentes sociales.

Usted viene del mundo de las cámaras de comercio y precisamente el anterior Gobierno quiso llevar una Ley de cámaras a las Cortes que al final no llegó. ¿Qué hay de ese proyecto y qué futuro augura a las cámaras de comercio?

A nivel nacional hubo un cambio legislativo en el modelo cameral y un desarrollo legislativo que ya vio la luz en abril de este año con una Ley nacional de cámaras a partir de la cual se empezaron a articular las diferentes leyes en las autonomías. En el caso de Castilla-La Mancha, la Ley fue aprobada en Consejo de Gobierno pero no inició el trámite parlamentario y por tanto hay que iniciar el proceso. Además es necesario porque es muy difícil que una institución tenga actividad sin ni siquiera saber cuáles son sus funciones y sus competencias y esa es nuestra obligación como Gobierno. Hay que iniciar el procedimiento y ya estamos trabajando internamente para poner en marcha una Ley de forma que las cámaras tengan un marco legislativo con el que regularse.