Podemos registró ayer en el Congreso de los Diputados una batería de medidas que la formación de Pablo Iglesias calificó de «políticas mediáticas». Se trata de tres proposiciones no de ley que no podrán debatirse en las Cortes, ya que se disuelven la semana que viene, pero que reflejan el proyecto del partido en esa materia. Una de ellas está relacionada con la agencia EFE, y las otras dos versan sobre el reparto del radioespectro y el llamado Tercer sector de la comunicación, es decir, el de los «medios comunitarios sin ánimo de lucro». De este modo, el bloque quiere acabar con los actuales grupos mediáticos.

La formación entiende que es necesario «poner límites a la propiedad cruzada en medios de comunicación y adoptar otras estrategias de fomento del pluralismo, la producción nacional y local en radio y televisión y la diversidad mediática para situar nuestro espacio mediático a la altura de los estándares de calidad europeos».

Otra sugerencia aportada por Miguel Álvarez, responsable de políticas mediáticas del partido, y la diputada Noelia Vera plantea que se elabore un estatuto público para la agencia de noticias EFE, y «propugnar que esté sujeta a control parlamentario», al igual que otros medios del Estado.

En palabras de la parlamentaria, se trata de «incentivar y promover su independencia, que haya más transparencia en los procesos de reparto del espacio radioeléctrico y potenciar los medios comunitarios que tienen que ver con el tercer sector y con el empoderamiento ciudadano».

El partido emergente ya abordó esas cuestiones en el documento que el pasado 15 de febrero envió al PSOE para tratar de negociar un Ejecutivo de coalición. La propuesta, titulada Bases políticas para un Gobierno estable y con garantías, pedía la «aplicación de criterios para eliminar el control del Gabinete central en RTVE y EFE que garanticen independencia, participación y transparencia en la gestión».

Asimismo, los morados plantean una «gestión del espectro radioeléctrico con un proceso transparente, inclusivo y objetivo para la adjudicación de concesiones con criterio pluralista». El objetivo del grupo, según su programa, es «garantizar un reparto equilibrado del radioespectro como bien común limitado y evite fenómenos de concentración mediática».

dinamizador. Podemos también registró una iniciativa relacionada con los medios comunitarios. Esta fuerza solicita el «cumplimiento de la actual Ley General de la Comunicación Audiovisual en lo relativo al reconocimiento del tercer sector de la comunicación (medios comunitarios sin ánimo de lucro), cuyo papel dinamizador y democratizador debe fomentarse y protegerse como hacen la mayoría de los países en Europa, siguiendo las recomendaciones marcadas por la Unesco».

Crear un Consejo Estatal del Audiovisual formaría parte del paquete de medidas. un organismo independiente que permitiría, a juicio de los de Iglesias, «dotar al Estado de un órgano fundamental para trabajar en la transparencia de los concursos de adjudicación». De este modo, se supervisaría el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los licenciatarios y para dotar de seguridad jurídica al sector ante las prácticas ilegales.

Esta iniciativa presentada en el Congreso por el bloque de izquierdas y sus confluencias supone una vieja aspiración de este frente, que fue reactivada la semana pasada gracias a la polémica generada por el ataque personal del madrileño contra el redactor de un rotativo nacional mientras presentaba un libro en la Universidad Complutense de Madrid. Yes que trató de ridiculizarle mientras le acusaba de escribir noticias «que no tienen por qué ser verdad» para «prosperar» en su periódico.

Tras sus disculpas en Twitter, una de sus lugartenientes, Carolina Bescansa, aprovechó para reabrir el debate, sugiriendo que había que establecer unos límites a los medios de comunicación. Algo parecido había intentado el Ayuntamiento de Madrid, controlado por una marca blanca del partido,  que en julio de 2015 abrió un portal que desmentía informaciones.

rosell. Otro frente que tiene abierto Podemos es el de la Justicia, máxime cuando el Supremo admitió a trámite una querella por prevaricación, cohecho y retraso malicioso contra su principal referencia -y ministra de su proyecto de Gobierno-, portavoz en esta área y jueza en excedencia, Victoria Rosell, que ayer cuestionó la independencia de sus compañeros a medida que éstos suben en el escalafón de la carrera judicial, al ser «un poco sumisos» con los poderes públicos. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, lo negó de un modo rotundo.