La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha instado al Ayuntamiento de Talavera a desestimar las reclamaciones por el IBI de terrenos urbanizables. Se trata de una recomendación que la FEMP realiza en la circular que ha hecho llegar a los ayuntamientos, entre ellos al de Talavera, en la cual aborda la sentencia del Tribunal Supremo del 3 de mayo de 2014 sobre la valoración catastral de los suelos urbanizables como bienes inmuebles de naturaleza urbana.
En ella, en concreto, da traslado de la información tratada con la Dirección General del Catastro y precisa que si bien esta sentencia indica que los bienes inmuebles situados en suelos urbanizables sólo pueden valorarse catastralmente como suelos urbanos si disponen de un planeamiento de desarrollo que contenga su ordenación detallada, esta sentencia no tiene efectos jurídicos directos sobre las situaciones jurídicas particulares ni tampoco anula las ponencias de valores aprobadas a la fecha del fallo ni respecto de los valores catastrales de los inmuebles calculados en su aplicación, que por no haber sido impugnados en su momento han adquirido firmeza. Sostiene que no fija ninguna doctrina legal y que, al no haberse reiterado dicho criterio, no sienta jurisprudencia.
De igual manera, considera que esta sentencia no declara la nulidad de las liquidaciones del IBI derivadas de los mencionados valores catastrales. Es aquí donde advierte que, por tanto, todos los recursos o escritos que se interpongan ante los ayuntamientos solicitando la anulación o devolución de las liquidaciones emitidas del IBI en aplicación de dicha sentencia «deben ser desestimadas por falta de competencia de las entidades locales para su resolución, al haberse practicado conforme a los valores catastrales vigentes».
La circular informa también que la Comisión Técnica de Cooperación Catastral, por unanimidad de sus miembros, ha acordado «proponer la aprobación de una reforma del texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario que recoja nuevos criterios de clasificación del suelo de naturaleza urbana y de valoración de los suelos urbanizables que no dispongan de un planeamiento de desarrollo, acordes con la mencionada sentencia».
Por último, recoge que el análisis en cada municipio de la situación de los suelos urbanizables para comprobar si se encuentran o no afectados por los nuevos criterios de clasificación «habrá de hacerse caso por caso y con la información que suministren los ayuntamientos a las Gerencias del Catastro sobre el planeamiento vigente, para que sean incorporados a las nuevas Ponencias de Valores que se aprueben en lo sucesivo».
Sobre estas pautas, el concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo, precisó ayer a este diario que no hacen si no reforzar los informes elaborados por los propios técnicos municipales, en los que insisten en que no hay que devolver cantidad alguna de lo recaudado por el IBIde este tipo de terrenos al estar amparado por la ley y aseguran que la sentencia del Supremo se ciñe al caso concreto de Badajoz.
De ahí que Castillo asegurara que, de momento, no se actuará en este sentido por parte del Ayuntamiento, sino que esperará el dictamen del juez y a la petición que se ha realizado al Catastro para que se revise la ponencia de valores, como se acordó de forma unánime en el Pleno del pasado 31 de julio.
Sin embargo, el concejal también recalcó el compromiso que se alcanzó con Apovata en la reunión que se mantuvo el pasado 17 de julio, encaminado a bonificar en un 90 por ciento los terrenos urbanizables en los que no se ha llevado a cabo ningún tipo de actuación urbanística.
Una medida que se materializará ya en 2015 tras modificar las ordenanzas fiscales y con la que se pretende «asimilar las bonificaciones a la sentencia» del Supremo, al no aplicarse ésta en Talavera, explicó Castillo. Precisó en este sentido que esta bonificación se llevará a cabo «si no sale una normativa a nivel nacional» o sentencia en este sentido, que conllevaría por consiguiente su aplicación.