El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, insistió ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que «el Ayuntamiento se vio vinculado por un acuerdo», para justificar que ratificara el incremento salarial a los trabajadores de Sufi, filial de Sacyr concesionaria del servicio de recogida de basuras de la capital regional, acordado por la anterior corporación municipal de la que era regidor el ‘popular’ José Manuel Molina. «Podía ser legal o ilegal» pero «nos vinculaba lógicamente y nos obligó a negociar con la empresa», sentenció el primer edil toledano a su salida de la Audiencia.
«El Ayuntamiento se vio vinculado por un acuerdo y, como todos los acuerdos y los compromisos que toma un alcalde, tiene que asumirlos el siguiente, y evidentemente vinculó un compromiso de gasto laboral», manifestó ayer García-Page.
«Nos tocó asumir el marrón» expresó García-Page ante los periodistas tras cerca de dos horas de declaración en la Audiencia Nacional. El primer edil fue el último en declarar en la tarde de ayer en sede judicial después de que hubieran pasado el exalcalde José Manuel Molina como imputado, el diputado popular por Ávila Sebastián González, y el viceinterventor municipal en el momento de los hechos investigados -mayo de 2007-, quien negó a su salida de la Audiencia que el protocolo obligase «directamente» al equipo de García-Page, para matizar después que podía tener «una posible derivación de unas obligaciones futuras», dijo Francisco Javier Sánchez Rubio.
El actual regidor aseguró haber encontrado «muchas desavenencias entre el pliego de condiciones y el contrato» por lo que «cuando llegamos nos disgustamos mucho al ver que no se había tenido en cuenta en el proceso de contratación los incrementos laborales de una concesión que iba para varios años, y que nos tocó asumir a nosotros».
El también secretario general de los socialistas castellanomanchegos acudió como testigo por haber ratificado el acuerdo del anterior equipo de Gobierno de la ciudad que implicaba un sobrecoste para las arcas municipales de 11,3 millones de euros en la adjudicación del contrato para la recogida de basuras de Toledo, sobre la que se investiga la presunta comisión de 200.000 euros que habría pagado la empresa concesionaria al PP de la Comunidad para la campaña electoral de la formación en el año 2007, según la declaración del extesorero Luis Bárcenas. «He venido a ayudar al señor juez a encontrar esos 200.000 euros», había dicho el alcalde.
Tras la firma del acuerdo por parte de la corporación popular en mayo de 2007, sin los informes preceptivos, el posterior gobierno socialistas aprobó por decreto de Alcaldía el cumplimiento del acuerdo en enero de 2008, después de, esta vez sí, haber recibido el informe en contra del viceinterventor, que incluyó «reparos» en su aplicación. García-Page dijo en su declaración ante el juez que se hizo para «evitar más gasto», ya que existían cláusulas que obligaban a la empresa a indemnizarla en el caso de que el contrato no se cumpliera.
Page mencionó en su declaración la existencia de otro contrato municipal con la misma empresa de servicios apenas dos meses antes de las elecciones por importe de 1,4 millones de euros para el arreglo de viales en la ciudad. Una concesión que se hizo «con baja temeraria», y que declinó calificar de irregular: «eso lo tendrá que decir el juez».