Por la Audiencia Nacional también pasaron ayer como testigos el diputado popular por Ávila Sebastián González, que no quiso hacer ninguna valoración, y el viceinterventor del Ayuntamiento de Toledo en aquel momento Francisco Javier Sánchez Rubio, quien explicó que el protocolo por el que se incrementó el contrato en más de 11 millones de euros «directamente no obligaba». Sin embargo, «lo que sí tenía era una posible derivación de unas obligaciones futuras, es decir, en una situación futura de modificación de contrato podría hacerse valer dicho protocolo», dijo.

No obstante, el entonces viceinterventor municipal indicó que «los expedientes de tramitación de todas las administraciones públicas deben llevar los correspondientes informes preceptivos», y en este caso «también el de fiscalización», circunstancia que a él «no» se le consultó, según su declaración ante el juez, en la que añadió que en 2007, esa modificación de contrato «no se sometió a fiscalización», afirmó, para posteriormente añadir que «se sometió un acuerdo posterior en 2008 que ese sí que fue reparado por intervención».