Tras poco más de una hora de interrogatorio, el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, se dirigió con paso seguro hacia los medios de comunicación que esperaban a las puertas de la Audiencia Nacional para asegurar, con tono firme, que no adoptó «ningún acuerdo ilegal y no he cobrado una comisión en mi vida».

En contra de lo que viene siendo habitual entre los acusados que llegan a la sede judicial situada en la madrileña Calle de Prim, Molina no se ocultó cuando acudió a declarar como imputado ante el juez Pablo Ruz por el ‘caso Bárcenas’. Es más, a su llegada, rozando las tres de la tarde, pasó entre los periodistas y medios de comunicación. Se presentó sereno y satisfecho, según dijo, de haber podido dejar «claramente expuesta mi inocencia absoluta en aquellos casos que se me quieren imputar». Y lo hizo, añadió, «con pruebas».

Molina no quiso comentar «los contenidos concretos» de la causa «por respeto a su señoría», pero también se mostró satisfecho por haber podido defenderse de las «injurias y calumnias» que se han vertido sobre él estos días y sobre las que no había podido hacer declaraciones por la lejanía de su actual trabajo en El Congo, y ante las que anunció que iniciará «acciones legales» para defender lo que consideró su mayor patrimonio: «mi honor personal».

José Manuel Molina, que fue alcalde de Toledo durante dos legislaturas hasta 2007, está imputado al aparecer en la instrucción sobre el ‘caso Bárcenas’ sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular, por la adjudicación de un contrato de recogida de basuras a la empresa Sufi, filial de Sacyr, a cambio, supuestamente, de una donación de 200.000 euros al Partido Popular de Castilla-La Mancha para financiar la campaña de las autonómicas.

El servicio se adjudicó por un importe de 6,13 millones de euros al año durante un periodo de 10 años y el contrato sufrió una modificación en su desarrollo que, según la Intervención General del Estado (IGAE), supuso un sobrecoste de 11,3 millones de euros y no siguió los requisitos establecidos por la ley. Molina era alcalde cuando comenzó la preparación del contrato y su adjudicación, pero ya no lo era cuando se ejecutó.

Un conflicto laboral por la actualización de salarios del personal de la empresa de basuras finalizó en un acuerdo que quedó rubricado en un protocolo que se añadió al contrato y que fue firmado por el concejal ‘popular’ Lamberto García-Pineda -también imputado-. El protocolo fue elevado a Junta de Gobierno el 23 de mayo de 2007 y se aprobó sin informe preceptivo.  

El viceinterventor lo consideró «nulo de pleno derecho» y ya en noviembre de 2007, con el nuevo Gobierno del PSOE en la Alcaldía, el equipo de Gobierno del PSOE firmó un acuerdo con la empresa concesionaria tomando como base el protocolo, generándose el sobrecoste. El viceinterventor fiscalizó con «reparos suspensivos» el acuerdo del sobrecoste y los reparos fueron anulados por el alcalde, Emiliano García-Page, el 24 de enero de 2008.