La Audiencia Nacional ha apuntado en un auto judicial al expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato como «responsable» en la «emisión» de las tarjetas opacas que tenían los directivos de la entidad, que se situaban «al margen de cualquier atisbo de legalidad y, lo que es más importante, de espaldas a cualquier tipo de fiscalización que pudiera acreditar su adecuada utilización».
Así consta en un auto en el que la Sección Tercera de la Sala de lo Penal rechaza el recurso que el exdirectivo presentó contra la decisión del juez instructor Fernando Andreu de imponerle una fianza de responsabilidad civil de tres millones de euros en relación con los gastos personales que los exconsejeros cargaron a este medio de pago durante su mandato, entre enero 2010 y mayo de 2012. Rato cubrió la fianza con un aval bancario del Sabadell.
Los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, Carmen Lamela y Fermín Echarri señalan que, según el informe de auditoría que forma parte de la causa, las tarjetas investigadas no tuvieron «habilitación legal de los órganos directivos para tal retribución» y no fueron «amparadas por gastos de representación ni otros similares», como se desprende de las actas del Consejo de Administración.
De hecho, el tribunal señala que el propio Rato tenía otra tarjeta para gastos de representación que, en este caso, sí había sido autorizada por el Consejo de Administración. «Si este sistema tuviera como finalidad ese complemento retributivo que se le atribuye por el recurrente, deberían haber sido contabilizadas como tales, sobre la base de un acuerdo previo de los órganos directivos, lo que no ha sido así», afirma el auto.
Andreu imputa a los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato y al exdirector general financiero Ildefonso Sánchez Barcoj un delito continuado de administración desleal, al considerar que «consintieron, aceptaron y propiciaron» el uso de las tarjetas black, con las que los exconsejeros de la entidad y de Bankia cargaron gastos personales por valor de 15,2 millones de euros entre los años 1996 y 2012.
El tribunal señala que el testimonio de «algunos de los coimputados» junto a Rato ponen de relieve que estos medios de pago fueron emitidos «al margen del circuito establecido con carácter general y ordinario.
En relación con el argumento de Rato de que desconocía que los consejeros no podían obtener percepciones distintas a las dietas por asistencia o desplazamiento, la Justicia señala que «tal ignorancia resulta inexcusable», a lo que hay que sumar que él era «usuario habitual de una de aquellas tarjetas».
De esta forma, argumentan que no podía «desconocer ni el reflejo que en la contabilidad de la entidad se llevaba a cabo ni tampoco la omisión de que aquellas se efectuaba en su nómina y en las correspondientes certificaciones anuales de las retencias realizadas».