La Dirección General de la Función Pública ya ha dado instrucciones para reincorporar a los interinos de la Junta que perdieron su trabajo en verano de 2012 después de que se suprimieran 673 plazas, una supresión anulada por el Tribunal Superior de Justicia. La resolución se dictó el jueves 18 de diciembre y pone plazos para la reincorporación de estos trabajadores.

Se especifica que «en el plazo máximo de 5 días hábiles a contar desde el próximo día 22 de diciembre», se deberá proceder a reponer al personal funcionario afectado por la sentencia. Para hacerlo, cada jefatura de personal deberá emitir una resolución en la que se deje sin efecto el cese del personal interino y después de sacar esa resolución tendrá que ordenar la incorporación de dicho personal en un plazo máximo de tres días hábiles. Todo este procedimiento se podrá llevar a cabo a partir de la semana que viene porque el 2 de diciembre se incorporaron las plazas correspondientes a la relaciones de puestos de trabajo afectadas.

La resolución de la Dirección General de la Función Pública ha sido facilitada por el sindicato STAS y en ella se reconoce que el primer paso que se debe dar para ejecutar la sentencia del tribunal es «llevar a cabo en primer lugar la recuperación de los puestos de trabajo que fueron suprimidos y en los que deberá ser repuesto el personal funcionario interino afectado».

El mismo día en el que se empezará a aplicar esta ‘reposición’, el 22 de diciembre, STAS ha convocado una asamblea general de interinos a las 17 horas en el anfiteatro contiguo al Centro Cívico del Polígono de Toledo. Anuncian que estudiarán la estrategia que se va a seguir, también con miras a las mesas de negociación que se abrirá el 8 de enero y en las que los sindicatos se temen que se vuelvan a suprimir las plazas que ahora se han recuperado.

Antes de fin de año.

A través de un comunicado, el sindicato UGT calcula que «según los tiempos estipulados, la reincorporación tendrá lugar antes del 1 de enero». Pero advierten de que la intención de la Junta es la de volver a suprimir las plazas en fechas posteriores y otras 100 más.

El conflicto laboral con los sindicatos se lleva arrastrando desde agosto de 2012, lo que ha motivado reuniones maratonianas, encierros y concentraciones protagonizados por los interinos y capitaneados por sindicatos de la función pública como CCOO, UGT, STAS y CSI.F. El asunto acabó en los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia dio la razón a los representantes de los trabajadores el 27 de enero. La Junta recurrió al Supremo, pero declaró la inadmisión del recurso de casación del Gobierno el pasado 18 de noviembre.