La Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata) tacha de «ejercicio de irresponsabilidad» la postura del Ayuntamiento ante la sentencia del TribunalSupremo que anula el pago del IBI urbano en suelos que aunque urbanizables, no se van a desarrollarán urbanísticamente en los próximos años. En este sentido, el miembro de la junta directiva, Aurelio Vázquez, considera que el máximo tribunal avala las tesis que Apovata viene defendiendo «incluso desde antes de la constitución de esta asociación», en las que piden que el valor catastral «se ajuste a la situación y uso objetivo y real de unos terrenos, sólo pedimos esto, no que nos hagan rebajas o bonificaciones».
Por su parte, el concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo, explicó que el Ayuntamiento actuará en relación a la petición de Apovata una vez haya sentencia judicial que así lo dictamine para Talavera o se modifique la ley tras la sentencia del Supremo, ya que en estos momentos, añadió, hay una ley nacional que obliga a los ayuntamientos a gravarlo de esta manera.
En este sentido, Vázquez recurre al refranero español y recuerda que «cuando las barbas de tu vecino veas pelar...» y se pregunta a qué están esperando después de conocer el fallo judicial.
Además, como representante de la asociación que busca la modificación de la ponencia de valores, además de presidente de Aprointo (Asociación de Promotores Inmobiliarios de Toledo), da la razón al viceportavoz del equipo de Gobierno, Jaime Ramos, quien recientemente recordó que los propietarios que ahora piden el pago del IBI rústico, hace años reclamaban la recalificación de sus terrenos. Sin embargo, Vázquez explica que actualmente «la situación económica nos ha desbordado a todos y no parece lógico que nos empecinemos en unas valoraciones que no son reales».
Vázquez asegura entender la simulación que según informó este diario está realizando el Ayuntamiento para comprobar la posible diferencia económica que supondría aplicar la sentencia del Supremo en la ciudad. «Lo entiendo, lo que están haciendo es medir las consecuencias económicas y de responsabilidad» que puede suponer el fallo judicial.
No obstante, explica que el Impuesto de Bienes Inmuebles es «la consecuencia más visible pero no la única», aunque esto también se deja notar en otros impuestos como el de sucesiones y donaciones o el impuesto de transmisiones patrimoniales. Todo, añade, es una consecuencia de un valor catastral «desorbitado e injusto».