El Grupo Municipal Popular ha presentado ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales una solicitud de suspensión inmediata y nulidad del procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Toledo para la adjudicación del servicio de transporte urbano. Prospere o no, el PP se garantiza argumentos para criticar el equipo de Gobierno del PSOE: si el recurso se acepta es porque habrán cometido un error en la tramitación; si es rechazado quedaría «demostrado» que el alcalde «ha mentido a los toledanos» y, de nuevo, la empresa tendrá garantizadas las ganancias mientras las pérdidas correrán por cuenta de la ciudad.
Se tata de aclarar si el contrato conlleva ‘riesgo’ para el contratista y, en tal caso, si el Gobierno municipal ha incumplido la normativa por no realizar la publicación del anuncio de licitación en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE).
Claudia Alonso recuerda que según el pliego de condiciones la empresa va a contar con tres fuentes de ingresos: la subvención del Ayuntamiento, la venta de billetes y la publicidad. La primera es fija mientras que las otras dos son variables, de manera que dependen de la gestión que realice la empresa. Aquí entraría en juego el denominado ‘riesgo y ventura’ y el PP entiende que el contrato debe tramitarse por regulación armonizada de la UE para facilitar la libre competencia.
El recurso se presentó el día 17, tiene que ser resuelto en cinco días desde el momento en que sea admitido a trámite y agota la vía administrativa si bien Alonso indica que, en ningún caso, está decidido emprender posteriormente la vía judicial del contencioso-administrativo.
Cabe otro riesgo, y es que si se produce la adjudicación y más adelante un tribunal dice que no se ha cumplido el requisito del DOUE habría que anular el concurso y volver a empezar todo el proceso.
Por ahora en el PP se conforman con que un organismo imparcial, ajeno al Ayuntamiento, determine si lo que han dicho el concejal de Movilidad y el alcalde sobre el riesgo y ventura de la concesión es cierto o no.
También matiza Alonso que la suspensión no impide que las empresas interesadas en el contrato puedan presentar sus ofertas en el plazo marcado por el anuncio de licitación aunque, en caso de que se demuestra que hay un defecto habría que ampliar el plazo y el ámbito para dar publicidad en el DOUE.
La portavoz del PP sigue dudando que haya ahorro para la ciudad («ojalá se consiga» dice) pero está segura de que los toledanos van a pagar más por utilizar los autobuses, un 5% anual más el IPC. Al mismo tiempo afirma que se pierde, por poco que sea, todos los ingresos de publicidad y señala que la subvención dependerá del número de usuarios el día de la firma del contrato pero si luego bajan no se reduce, es decir, es un contrato «igual que el anterior» que el PSOE se ha quejado mucho de que es «pernicioso».