Un comunicado escrito y en vídeo difundido en las ediciones digitales de los diarios Gara y Berria sirvió el 20 de octubre de 2011 para anunciar el «cese definitivo de la actividad armada» de ETA, tras 43 años de actividad y 829 asesinatos. Precisamente en el tercer aniversario de esa efeméride, el Gobierno de Mariano Rajoy volvió a exigir ayer el desarme y la disolución de la banda terrorista. Así lo expresó el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien calificó a la organización criminal como un grupo terrorista «vivo» contra la que el Estado español seguirá actuando. «La banda está absolutamente derrotada y su abandono de las armas es irreversible», remarcó.
El último año estuvo marcado por un supuesto desarme de ETA que resultó ser un fiasco y por la excarcelación de más de 70 presos etarras a consecuencia de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que anuló la doctrina Parot.
Uno de ellos, Josu Zabarte, subrayó en una entrevista publicada en el diario El Mundo que no se arrepiente de los 17 asesinatos que cometió. «Yo no he asesinado a nadie. Yo he ejecutado», señaló. Unas palabras que el titular de la cartera de Interior calificó de «apología del terrorismo». «No vamos a consentir que los criminales psicópatas ni quienes han estado jaleando, aplaudiendo o mirando hacia otro lado mientras ETA aterrorizaba al conjunto de la sociedad, escriban el relato de lo que sucedió», remarcó.
A principios de 2014, la banda quiso escenificar la entrega de las armas en un vídeo grabado en el que aparecían dos etarras junto a los mediadores internacionales que verifican el supuesto desarme, una comisión respaldada únicamente por el Gobierno vasco. Pero ETA no entregó el arsenal y volvió a llevárselo precintado tras comprometerse verbalmente a dejarlo fuera de uso, lo que indignó al Gobierno y a las víctimas de la banda. Desde entonces, no ha habido nuevos pasos.
Precisamente esa ausencia de comunicación provocó ayer las críticas de la izquierda abertzale. Así, EH Bildu denunció la «estrategia» y «actitud» de todo un Estado «para que las consecuencias del conflicto se mantengan donde están» y «no se resuelva jamás». Por su parte, el portavoz de Sortu, Pernando Barrena, afirmó que, en estos tres últimos años, «todos los pasos adelante han sido dados a consecuencia de iniciativas de actores políticos vascos», ya que PP y PSOE «se han dedicado a zancadillear permanentemente todas las iniciativas por la paz y la normalización política puestas en marcha en el País Vasco».
Según informó un diario nacional, la intención de ETA es aplazar la entrega de armas hasta que pasen las elecciones generales de 2015, a la espera de un cambio en la relación con el Gobierno, a pesar de que los verificadores internacionales estarían presionando a la banda para que ésta abandone su arsenal antes de final de año.
«El desarme tiene que ser cuanto antes, mejor hoy que mañana. No sé qué pinta una organización que dijo que ha abandonando la violencia, teniendo armas. Es un problema, un riesgo y un incordio para la propia ETA», apuntó sobre esta cuestión el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortzuar. En su opinión, sería un «error garrafal por parte de la banda terrorista, uno más, mercadear con el tema del desarme y ver cuándo le viene mejor a ellos o a no sé quién».
Nagore Múgica. Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decretó ayer prisión provisional para la miembro de ETA Nagore Múgica, detenida el pasado sábado durante una visita a la cárcel alicantina de Villena donde cumple condena su pareja, Juan Carlos Iglesias Chouzas, Gadafi, en relación con un atentado cometido en 1990 en Barakaldo (Vizcaya) que causó la amputación de las dos piernas de un agente de la Policía Nacional. El magistrado le imputa un delito de atentado terrorista y otro de estragos por la colocación, como miembro del Comando Txalaparta, del artefacto explosivo.