El ‘caso Sufi’ vuelve a Toledo. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz concluyó ayer la investigación de los llamados ‘papeles de Bárcenas’ y en su auto acuerda formar una pieza separada del caso bajo la denominación de ‘Expediente Servicio Limpieza Toledo’, toda vez que no observa una relación con su investigación en torno a la existencia de una ‘caja b’ dentro de la contabilidad del Partido Popular.
Con todo, el caso de la adjudicación en 2007 del contrato de basuras de la ciudad a la empresa Sufi (perteneciente al grupo Sacyr-Vallehermosa y actualmente denominada ‘Valoriza Servicios Medioambientales’) sigue en marcha, y será ahora el Juzgado Decano de Instrucción de Toledo quien se encargará de retomar el proceso toda vez que Ruz incide en que no ve motivos para el sobreseimiento de la causa.
Y es que, el propio titular de Juzgado Central de Instrucción número 5 sí que indica que observa indicios de un presunto delito de prevaricación en la «fase de ejecución del contrato» de basuras.
En su auto, el juez repasa además todas las diligencias de investigación practicadas hasta el momento que han constatado las «irregularidades» y «anomalías» que rodearon a la fase de iniciación y ejecución de este expediente público, apoyándose en el informe confeccionado por la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE).
El motivo de que Ruz rompa posible la conexión toledana con la existencia de una ‘caja b’ en el PP es que «el propio relato de Sr. Bárcenas desvincula en este caso las supuestas aportaciones económicas recibidas de Sacyr de la mecánica de funcionamiento de la ‘caja b’ o contabilidad paralela destinada a la financiación del partido, no habiendo sido registradas en la referida contabilidad opaca y habiéndose limitado el Sr. Bárcenas, de acuerdo a su relato, a trasladar las aportaciones a la gerencia del partido en Castilla-La Mancha, apartándose en este caso de su gestión».
Según el juez, será en los juzgados de Toledo donde se deberá determinar la pertinencia de la práctica de diligencias solicitadas por las acusaciones o el sobreseimiento instado en su calidad de imputados por el exgerente regional y supuesto receptor de la donación José Ángel Cañas, el entonces tesorero de Castilla-La Mancha Lamberto García Pineda, el exalcalde de Toledo José Manuel Molina y el expresidente de Sacyr Luis del Rivero. La causa se sigue también contra el presidente de la compañía Manuel Manrique.
Lo que sí cierra es la posibilidad de que hubiera aforados de la región implicados en los ‘papeles de Bárcenas’. Al menos el juez Ruz señala que no cuenta con «elementos indiciarios bastantes que justifiquen tal proceder». La condición de aforado señala al actual presidente de las Cortes, Vicente Tirado, al que Bárcenas trató de incriminar afirmando que estuvo presente en una de las reuniones de la presunta mordida. Ese extremo no ha podido ser corroborado por el juez Ruz, pero deja la puerta abierta para que los juzgados de Toledo puedan proceder a una ulterior inhibición a favor de la sala de lo Civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha si se observaran indicios que el propio Ruz, resalta, no ve.