La Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata) ha puesto en marcha ya los mecanismos para recurrir la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) -dependiente del Ministerio de Hacienda-, debido a que el citado órgano ha desestimado las reclamaciones presentadas por la agrupación sobre los baremos utilizados por la Dirección General del Catastro para su aplicación en los terrenos calificados como urbanizables en el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM).

En declaraciones realizadas ayer a este diario, el presidente de Apovata, Vicente Jiménez, comentó que han optado por seguir este camino tras conocer la opinión de los afectados en la junta general extraordinaria que la asociación celebró el jueves por la noche en las dependencias talaveranas de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

Sobre este punto, Jiménez recordó que fueron un total de 83 propietarios los que trasladaron al TEAC un recurso de reposición por no estar conformes con lo establecido en la ponencia de valores. Una vez conocido que el Tribunal ha fallado en contra de esas alegaciones, el responsable de Apovata concretó que la segunda opción que tienen es iniciar una nueva acción judicial en forma de contencioso administrativo colectivo.

De hecho, los afectados recibieron el jueves la documentación correspondiente para autorizar a sus representantes legales la adecuada tramitación del caso en los tribunales. «El contencioso tiene que ser puesto antes del día 19 de noviembre, por lo que ahora es cuestión de ir recopilando documentación», precisó Vicente Jiménez.

Sentencia del Supremo. Jiménez también señaló que tanto él como el resto de asociados de Apovata no terminan de entender la decisión del tribunal dependiente de Hacienda, ya que, además de contener «muchos aspectos contradictorios con un fallo digamos lógico», no tiene en cuenta la última sentencia del Tribunal Supremo que anula el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) urbano en suelos que, pese a que son urbanizables, no van a desarrollarse urbanísticamente en los próximos años.

De esta forma, la agrupación alargará aún más una intensa lucha legal que dio sus primeros pasos hace ya un par de años para corregir, entre otras cosas, el hecho de que un propietario que antes pagaba 2.000 euros de IBI por un terreno ahora tenga que abonar más de 11.000.

La asociación confía en tener voz en la Comisión de Planeamiento que redefinirá el POM. A pesar de que la semana pasada el presidente de Apovata expresó mediante una nota de prensa su malestar por haber quedado el colectivo que representa fuera de la Comisión de Planeamiento que redefinirá el Plan de Ordenación Municipal (POM) de Talavera, ahora su estado de ánimo ha experimentado una notable mejoría, ya que confía en que el citado grupo de trabajo sí tendrá en cuenta las opiniones y sugerencias de su agrupación, así como de otros colectivos interesados en definir el modelo de ciudad del futuro.

Según explicó ayer a este diario Vicente Jiménez, ya ha mantenido conversaciones con la concejala de Urbanismo, María Rodríguez, para establecer «algún sistema por el cual las agrupaciones puedan opinar sobre qué quieren, qué piensan y qué pueden financiar». Al respecto, el dirigente de Apovata subrayó que «sacar a las asociaciones del análisis del POM es un error» y supone «que algunos partidos no quieren que se sepa qué quieren los vecinos y las asociaciones».

En relación con esta cuestión, reconoció que por parte del alcalde, Jaime Ramos, y del Partido Popular «sí hay voluntad» para dialogar.