El exvicepresidente primero de Caja Castilla-La Mancha (CCM), Federico Rodríguez Morata, dijo ayer que «no había ninguna razón técnica ni objetiva» por la que oponerse a aprobar las cuentas de la entidad, y se preguntó qué habría pasado «de no haber intervenido» el Banco de España en marzo de 2009.

Ante el juzgado central de lo penal, Rodríguez Morata aseguró que le «duele en el alma» la situación en que se sumió a CCM tras la publicación de los estados provisionales del 2008, y evitando «palabras gruesas» aseguró que las cuentas «iban a ser formuladas» en el primer trimestre de 2009 porque «no existían argumentos» para votar en contra.

Sobre la concesión de créditos «de muy alto riesgo», Rodríguez Morata insistió en que, de producirse alguna objeción o duda sobre aspectos relevantes, era el presidente quien «sugería» que se frenase la operación con el fin de «evaluarla detenidamente».

Como ya hicieran exdirectivos de la entidad en la sesión anterior, Rodríguez Morata defendió que el entonces presidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó, «nunca se extralimitó de sus funciones» de presidente no ejecutivo, y que de haberlo notado «lo hubiera corregido».

«El presidente cobraba el mismo salario que un subdirector de área, 165.000 euros brutos al año sin posibilidad de dietas», y añadió que «lo demás son especulaciones y comentarios».

otras declaraciones. En la misma línea se pronunció el expresidente de la caja hasta 1998, Tomás Martín Peñato Alonso, quien señaló que la intención del Consejo «fue siempre» adoptar los requerimientos del Banco de España.

Peñato cree que la caja podría haberse salvado si se hubiera llevado a cabo la fusión con Unicaja, una operación que habría fracasado por las informaciones sobre el agujero patrimonial en CCM.

También compareció ayer el administrador de una de las sociedades beneficiarias de los préstamos de CCM, Solventia Corporativa, Ignacio Barco Fernández, quien dijo que 47 de los 50,1 millones concedidos por la caja en 2008 fueron destinados a la refinanciación de antiguos créditos, con el fin de adaptar a las sociedades cabeceras del grupo a las nuevas exigencias del mercado.

Barco afirmó que él y su hermano Antonio, ambos en situación de concurso de acreedores personal, ofrecieron a la caja la posible salida a bolsa de Renovalia como garantía complementaria, una cotización que finalmente no se produjo, al estar las expectativas «por debajo del mercado».

Hoy continuará el juicio contra el expresidente de Caja Castilla-La Mancha, Juan Pedro Hernández Moltó y el exdirector general de la entidad, Ildefonso Ortega, para quienes la Fiscalía pide una pena de dos años y medio de prisión e inhabilitación profesional durante el tiempo de la condena por presunto delito societario.