i.ballestero | TOLEDO

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El mismo día en que las tablillas de precios para la campaña de vendimia que acaba de arrancar aparecieron en las primeras bodegas de la Denominación de Origen (DO)Valdepeñas (que marca el devenir en el resto de la región), el secretario general de Agricultura del Gobierno de España, Carlos Cabanas, envió un mensaje a los productores que días atrás levantaban la voz  en vísperas de una campaña marcada por la sobreproducción del pasado año.

Ese mensaje apunta hacia una posible solución para la supuesta situación de desventaja que viven los viticultores a la hora de conocer el precio de la uva en los albores de cada campaña, y pasa, según Cabanas, por la creación de asociaciones de productores o cooperativas de viticultores que tengan capacidad de negociación ante las bodegas privadas para influir, así, en la consecución de un precio razonable. Eso sí, el secretario general de Agricultura subrayó que ese precio «debe ir enfocado a primar la calidad, y no la cantidad de uva».

Cabanas eligió la celebración de la trigésima edición del Día del Viticultor en Tomelloso para advertir al sector del vino del cambio de rumbo al que se debe encaminar. «Las bodegas y cooperativas deben incentivar al viticultor a producir calidad, y no cantidad, porque si apuestas por la calidad no tienes problemas de precio», explicó Cabanas, que subrayó que esa reorientación debe articularse «desde el propio sector, sin la intervención de las administraciones públicas». Esa organización pasa, en las zonas en las que la vendimia viene marcada por los precios establecidos en bodegas y no por cooperativas, «por la agrupación de productores en organizaciones que existen, por ejemplo, en el sector frutícola, y que tienen capacidad para negociar».

 Y para evitar ese tipo de situaciones, la premisa es clara, ya que según Cabanas «no se puede producir lo que a uno le da la gana porque lo que marca el precio y lo que se vende es la calidad». En esa reflexión coincidió también Pedro Barato, presidente nacional de Asaja, que subrayó que la organización no quiere «que la región sea campeona del mundo en lo que no tiene medalla», refiriéndose a la producción, «y sí en lo que de verdad prima», aludiendo a la calidad. Para ello, Barato citó otras denominaciones de origen como Rueda, Ribera o Rioja «en las que yo no digo que no haya problemas, pero sí que son menores que aquí».

interprofesional. Más allá del aspecto puntual del establecimiento de precios en tablillas al inicio de la campaña de vendimia, Carlos Cabanas cree que la reorientación interna del sector está encarrilada gracias a la reciente creación de la Interprofesional del Vino.

 Sobre el futuro cercano del sector vinícola, Barato reconoció que es el momento de que se demuestre «que es un sector maduro», y que es la hora de que se establezcan medidas «para el uso racional del agua y para obtener una calidad muy controlada en nuestros viñedos».

Destilación obligatoria. Iniciada la vendimia, el sector del vino en la región parece haber dejado de lado el Real Decreto establecido por el Ministerio de Agricultura, en acuerdo con las asociaciones agrarias, por el que se abría la puerta a la destilación obligatoria de vino para su conversión en alcohol de uso energético (bioetanol), con el fin de paliar así parte de los problemas de comercialización que podrían provocar los excedentes en bodega de la campaña anterior.

Esa destilación obligatoria, que ha dejado de estar en el orden del día del sector, sigue vigente, como subrayó ayer el secretario general de Agricultura, Carlos Cabanas, en Tomelloso, al afirmar que esa medida se aplicará «si consideramos que es finalmente necesario».

La puesta en marcha de la destilación obligatoria de vino, sin aportación económica de las administraciones públicas y asumiendo las bodegas su coste y los contratos con las destileras, dependerá de las declaraciones de existencias que las bodegas y cooperativas deben entregar estos días en el Ministerio de Agricultura, y que servirán para saber cuánto vino tenían almacenado el pasado 31 de julio, fecha que se marcó en el Real Decreto elaborado por el Gobierno.