Castilla-La Mancha cuenta con 119.405 empleados públicos, 12.100 menos que en enero de 2012, según el último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas a enero de 2014.
De esta forma Castilla-La Mancha se sitúa como séptima comunidad autónoma en número de empleados públicos, por detrás de Andalucía (478.250), la Comunidad de Madrid (397.566), Cataluña (302.419) y la Comunidad Valenciana (224.050), así como Castilla y León, con 163.877 efectivos y Canarias, donde los empleados públicos superaron los 120.700.
Dos años en los que el número de empleados públicos en la región ha descendido un 9,2%, siendo la Administración Local (diputaciones y ayuntamientos) la que mayor pérdida de trabajadores ha registrado, pasando de los 37.251 empleados públicos de enero de 2012 a los 31.434 dos años después. En total 5.817 empleados menos adscritos a esta administración, lo que supone una reducción del 15,61%.
También más de 5.000 empleados públicos ha perdido la Administración autonómica en Castilla-La Mancha -en concreto 5.089- durante este mismo periodo, pasando de los 71.361 empleados en enero de 2012 a los 66.272 con los que contaba en enero de este año, un 7,13% menos. Sin embargo, en 2012, señala el informe, se producía en Castilla-La Mancha un ajuste en los procesos de contabilización de efectivos en el ámbito de la docencia no universitaria e instituciones sanitarias, cuyo importe no permite mantener la homogeneidad de las series, precisan.
De los 119.405 empleados públicos de la región, 18.744 dependen de la Administración Pública Estatal. Son 774 menos que en enero de 2012, lo que representa una disminución de personal del 3,81%. Efectivos entre los que se encuentran además del personal de la Administración General del Estado (ministerios, docencia no universitaria, centros penitenciarios, Seguridad Social, Patrimonio Nacional y Agencia Estatal de la Administración Tributaria), el personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia y otros organismos públicos.
Por provincias, la de Toledo ha sido la que mayor número de empleos públicos ha perdido en los últimos dos años. Algo que, parece lógico, al residir en ella la capitalidad regional y contar así con la sede de las principales administraciones públicas tanto en el ámbito estatal como autonómico. En total de enero de 2012 a enero de 2014, los empleados públicos en la provincia de Toledo se reducían en 4.247; mientras que la de Ciudad Real perdía 2.153 empleados públicos; Albacete 2.057, Cuenca 1.849 y Guadalajara 1.794.
Freno al descenso. Durante el último año, de enero de 2013 a enero de 2014, el descenso de empleados públicos en Castilla-La Mancha ha sido menor que en los dos años anteriores, pasando de 122.073 a 119.405, lo que su pone un 2,1% menos.
De un año a otro se perdían así 2.668 empleos públicos en la región, más de la mitad de ellos en el ámbito de la Administración Local. Según los datos recogidos en el Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas, las diputaciones y ayuntamientos de la región contaban en enero de 2013 con un total de 32.884 empleados públicos, cifra que solo un año después quedaba reducida a 31.434. Por su parte en la Administración autonómica en enero de 2013 contaba con 66.790 empleados públicos (4.571 menos que un año antes), mientras que la variación con enero de 2014 fue de 518.
Un comportamiento distinto ha tenido el empleo público en la Universidad, que ha mantenido prácticamente el mismo porcentaje de reducción de puestos de trabajo que el año anterior. De este modo, y según los datos ofrecidos por el Ministerio, la Universidad ha pasado de 3.375 empleados públicos en enero de 2012, a 3.163 un año después -lo que suponía una pérdida de 212 empleos-, y 2.955 en enero de 2014, otros 208 empleos menos.
Duplica la caída. Por su parte el empleo público en el ámbito de la Administración Pública Estatal en Castilla-La Mancha ha sido el peor parado en el último año. Si de enero de 2012 a enero de 2013 eran 282 los empleos que se perdían, en el año siguiente fueron 492 los puestos de trabajo que se quedaron en el camino.
En esta reducción del empleo público de la Administración General del Estado la provincia castellano-manchega más perjudicada fue Toledo, en la que la pérdida fue de 269 empleos, más del 45% de toda la región.