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Cuando apenas han pasado 10 días desde que se conociera la condena a siete años de inhabilitación al alcalde de Yuncos, el ‘popular’ Gregorio Rodríguez, por haber retirado de manera irregular unas multas a un vecino y su hijo, la Justicia ha sentenciado dejar fuera de la circulación política a otro regidor sagreño. En esta ocasión es socialista, el alcalde de Chozas de Canales Ignacio Pitaluga, al que se inhabilita por un año, nueve meses y un día. Esta condena por prevaricación afecta también a cinco concejales (dos de ellos todavía en activo) que acompañaron a Pitaluga en el banquillo de los acusados durante el juicio que tuvo que afrontar en el Juzgado de lo Penal Número 1.

Pitaluga fue procesado junto a ediles socialistas del pasado mandato como Isabel López Casarrubios, actual teniente de alcalde, María Antonia Sánchez, ahora concejal por UCIT, y los ya exconcejales Fernando Hita y Ángel Luis Garrido (este último no fue citado en el fallo por un posible error de transcripción, según fuentes cercanas al caso). A ellos se les suma Hortensia Fernández, una exedil del PP que al pasar a apoyar a los socialistas inició los acontecimientos que han llevado a esta condena. En concreto, a todos ellos se les condena por prevaricar al aprobar en un pleno celebrado en noviembre de 2009, antes de que Pitaluga lograra la Alcaldía, la retirada de sueldo al entonces regidor, el ‘popular’ Julián Agudo, y su teniente de alcalde.

El juez Carmelo Ordóñez Fernández acepta los argumentos de la Fiscalía y la Acusación Popular de que los ediles pusieron en marcha una moción de censura encubierta pero sin dar el paso correcto de cesar al alcalde. Aunque el magistrado reconoce que en el Pleno, en el que tenían mayoría los acusados, tenía capacidad para fijar retribuciones a ediles, debe motivar por qué retira sueldos . «Lo que en modo alguno puede permitirse es que (...) el acuerdo vaya dirigido a suprimir las retribuciones de forma personal contra aquellos que ocupan el Gobierno municipal». Añade que estos casos de «reproche político» sólo pueden zanjarse con la moción de censura, como la que meses después protagonizaron los acusados para dar a Pitaluga el bastón de mando.

Sin embargo, el juez aprecia  que en este caso se da la atenuante de «error de ilicitud vencible», por lo que rebaja la pena desde los 9 a 10 años que pedían las acusaciones.

Una condena muy por debajo de lo pedido. 

Pese a la condena, Pitaluga y sus concejales salen bastante bien librados del proceso, por el que la Fiscalía pedía un total de  19 años de inhabilitación. Además, los ediles evitan una multa de 36.000 euros, pagando sólo un tercio de las costas del proceso.

Pitaluga y sus concejales salen absueltos de la mayoría de las acusaciones, incluyendo una prevaricación urbanística por la legalización en el mismo Pleno impugnado del PAU Z-9, un barrio de 340 viviendas declarado nulo por la Justicia. El juez acepta aquí los argumentos de la Defensa, de que esta aprobación del PAU fue solo política, sin llevarse a la práctica, y que los acusados no tenían conocimiento de la sentencia absolutoria por un conducto oficial como su comunicación al Pleno..

Un pueblo que ya tiene dos alcaldes inhabilitados.

Tras esta resolución, Chozas de Canales tiene el dudoso honor de tener dos alcaldes inhabilitados judicialmente en la actual etapa democrática. El primero fue Antonio Antúnez, también alcalde por el PSOE, que tuvo que dejar su cargo antes de las elecciones municipales de 2007.  Cometió prevaricación al impedir a un vecino presentar reclamaciones.

La nueva sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial. Este medio ha intentado contactar en repetidas ocasiones con el alcalde Pitaluga para conocer su valoración del fallo, lo que no ha sido posible por ahora.

El exalcalde recurrirá.

Quien ya ha anunciado que recurrirá el fallo es el exalcalde Agudo. El ahora portavoz del PP de Chozas tiene claro que el Pleno por el que Pitaluga ha sido condenado fue el primer movimiento «para echarnos por nuestras denuncias» de las irregularidades urbanísticas del municipio que permitió el PSOE en el pasado. No comparte la absolución al alcalde y a su equipo de una prevaricación urbanística por el Z-9, ya que el POM aducido por el alcalde y su grupo ni siquiera está aprobado.