PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD, Compromís-Equo, Coalición Canaria y Geroa Bai presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza y las «devoluciones en caliente», que en la norma se definen como rechazos en frontera, con el objetivo de «frenar el recorte de derechos» impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, al considerar que la norma viola la Carta Magna en 12 puntos.
El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, recordó que este recurso representa también el rechazo de muchas ONG y asociaciones a esta ley aprobada en el Congreso con el único voto a favor de los populares. «Estamos aquí cumpliendo con el compromiso de frenar el recorte de derechos impulsado por el PP, es una ley prevista para detener las protestas, quejas y manifestaciones de los ciudadanos», explicó el progresista.
El diputado recordó que quedan 72 horas para las elecciones autonómicas y municipales, pero subrayó que «la democracia no solo es votar», sino que los derechos y libertades también se defienden con actuaciones como esta.
Por su parte, la parlamentaria de IU Caridad García insistió en que la Ley «conculca» artículos de la Constitución, «esa que el PP dice defender». «Quizá el mismísimo Franco no la hubiera considerado mejor», llegó a decir insistiendo en que esta legislación «retrotrae» a España a tiempos que «ya se creían superados».
También censuró la regulación de las devoluciones en caliente, que vulnera los derechos de ciudadanos de otros países a «buscar y mejorar su calidad de vida» y que, según recordó, «han sido contestadas desde el ámbito europeo».
Esta norma «pone la guinda a una legislatura negra del PP», denunció Andrés Herzog por parte de UPyD, que censuró que la «infinidad de recortes sociales» de esta legislatura están agravados por «recortes en derechos humanos».
Los nacionalistas.
Tanto el PNVcomo CiU se desmarcaron del recurso presentado por casi toda la oposición en el Constitucional. Así, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, reafirmó el frontal rechazo de su grupo a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, pero justificó su decisión de no sumarse al recurso de inconstitucionalidad por los acuerdos que los socialistas han sellado en los últimos tiempos en materia antiterrorista.
«No firmaremos un texto con el PSOE en materia de libertades públicas hasta que no aclaren su posición», advirtió Esteban a través de un comunicado en el que acusa a los socialistas de ir «de la mano del PP en asuntos muy serios e inconstitucionales».