Un medio nacional, por aquello de la importancia mediática, adelantó la noticia de la posible paralización del proyecto urbanístico de Vega Baja, información que se confirmó a media mañana -del 26 de julio de 2006- por José María Barreda en la comparecencia ofrecida tras la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el Palacio de la Moncloa.
El entonces jefe del Ejecutivo regional anunció la detención del proyecto urbanístico previsto en la zona debido, aclaró, a que los restos aparecidos «sin duda» correspondían «a la ciudad visigoda más importante que hay en todo el orbe occidental», datada en el siglo VI d.C. Barreda justificó su decisión destacando la importancia de los hallazgos, lo que hacía necesaria una «excavación integral, científica y sistemática, que va a durar en el tiempo» para convertir Vega Baja en «un yacimiento arqueológico» que se va a ofrecer a la ciudad como un espacio público «apasionante».
Pues bien, nueve años después de la decisión y tras planes arqueológicos, estrategias más o menos consensuadas, mesas de sabios, empresas públicas y sucesiones de jefes de arqueología y directores generales, este espacio único en el que se han hallado fases de ocupación de época tardorromana, visigoda, islámica emiral y medieval se ha convertido en una de las mayores y más feas cicatrices de una ciudad que vive, casi en exclusiva, de su patrimonio. Esto es, de los logros auspiciados por la arqueología. Disciplina que, contradictoriamente, es utilizada por los poderes políticos y económicos como cabeza de turco de los proyectos ejecutados sobre espacios protegidos.
Sólo recordar que en la reunión celebrada en París en el año 1986, el Comité del Patrimonio Mundial consideró esa porción de ciudad como una vega del Tajo que debía ser protegida, una especificación contenida en la aprobación referente a la inscripción de Toledo en la Lista de Patrimonio Mundial. El texto recoge los datos entregados por el Ministerio de Cultura y la Dirección General de Bellas Artes que, en 1965 y por escrito, confirman la protección de las vegas del río como zonas de respeto y protección.
Sólo con esos argumentos y teniendo en cuenta que esta protección conlleva la calificación de ese suelo como rústico, es decir, no urbanizable, la Vega Baja de Toledo era intocable. De hecho, engloba la lista de los 102 Ámbitos de Protección que figuran en la carta arqueológica de Toledo al localizarse en el lugar un yacimiento. Para completar la información que sobre ese terreno existe, basta rememorar las palabras que el Cardenal Lorenzana pronunció en el siglo XVIII: «No hay duda, pues, de que en la Vega todo estuvo sembrado de edificios en lo antiguo».
Tal vez haya llegado de una vez por todas el momento, con la redacción del nuevo POM en ciernes y una vez solucionados -con el dinero de todos- los conflictos con los adjudicatarios de las once parcelas destinadas a albergar la construcción de 1.300 viviendas, de ofrecer una solución a un espacio que es, además de privilegiado yacimiento, zona esencial de conexión entre el barrio de Santa Teresa, el Campus de Fábrica de Armas y el río.
A un triángulo de tierra -de aproximadamente 274.776 metros cuadrados sólo en el espacio destinado a la urbanización- a los pies del Toledo que, incluso pensando sólo en términos económicos, puede ofrecer cifras que podrían sonrosar a las calculadas en torno a los iniciales planes de construcción. Máxime cuando, además, esas cantidades iban a ser embolsadas casi en su totalidad por los promotores más aventajados.
Reunidos en este vergonzoso aniversario con el firme propósito de sondear las intenciones políticas y las querencias profesionales y sociales, quizá este desolado cumpleaños se postule como punto de partida de la elaboración de un proyecto serio, consensuado y eficaz que, aunque sea por una vez, confluya en el bien común. Concepto, todo hay que decirlo, actualmente en desuso por la mayoría de los gestores públicos.
La voz de los vecinos. La Federación de Asociaciones de Vecinos recuerda, sobre Vega Baja, «que actualmente esta zona se encuentra afectada por El Plan Director de la Vega Baja, documento que tiene dos zonas diferenciadas. Esto es, la zona BIC, que comprende el espacio en el que se realizaron las excavaciones arqueológicas; y la zona que se encuentra delimitada y en la que, en estos momentos, no se llevan a cabo ningún trabajo».
Sobre el resto de terreno, la Federación asegura desconocer «qué parcelas se quedó el Ministerio de Defensa y cuantas pertenecen al Ayuntamiento». Esta parte, aprecian, «esta sujeta a una ordenación urbanística fijada para uso terciario, es decir, no está contemplado uso residencial y no se puede construir viviendas. Lo que si se puede, como ya se habló en su día, es habilitar zonas ajardinadas, rotondas, residencia de estudiantes, centros comercial de mediana superficie, hoteles o calles». Para ‘El Ciudadano’ «se tiene que cumplir El Plan Director y se debe de poner en valor esta zona» tanto en sus desarrollos como en su estudio arqueológico.