El Ayuntamiento de Toledo puso ayer sus barbas en remojo. Tras ver cómo el vecino Consistorio de Talavera optaba el jueves por prorrogar el contrato de su servicio de autobuses urbanos por un error jurídico, el equipo de Gobierno que lidera Emiliano García-Page ha optado por dar marcha atrás y hacer lo propio, reconociendo, tras varios días negando la mayor, que no estaban ofreciendo todas las garantías jurídicas a las empresas interesadas en dicho concurso público.

Así se da frenazo al contrato municipal más cuantioso de los últimos años, toda vez que su montante ascendía a 71.898.780 euros en diez años más dos de prórroga, contabilizando sólo el máximo de subvención -5.953.146 euros- y los ingresos por publicidad.

El final de la historia estaba claro, pero al Ayuntamiento le ha costado reconocer que su error jurídico estaba condenado a anular todo el proceso de adjudicación. No publicar el expediente de la concesión del servicio de autobuses urbanos en el Diario Oficial de la Unión Europea un año antes de su tramitación es la causa de la nulidad del proceso, toda vez que el Consistorio se olvidó de cumplir con el reglamento de servicios públicos de transporte de viajeros fijado por el Parlamento Europeo. Concretamente con su artículo 7, referente a la publicidad del proceso de licitación, que indica claramente que «un año antes del inicio del proceso de licitación» o «un año antes de la adjudicación directa» se publiquen en el Diario Oficial de la Unión Europea, «como mínimo», el nombre y los datos de la autoridad competente, el tipo de adjudicación considerado y los servicios y territorios potencialmente afectados por la adjudicación.

El elevado montante económico del contrato (71,9 millones) y el hecho de que se superen los 50.000 kilómetros de servicios que marca la ley europea para no tener que publicar la información del contrato, hace que el Ayuntamiento de Toledo tenga que recular y prorrogar un año más a la empresa Unauto la gestión del servicio de autobuses urbanos de la ciudad.

De esta forma, el concejal de Movilidad, Rafael Perezagua no tuvo más remedio ayer que reconocer en una nota de prensa que la próxima semana van a trasladar al alcalde una propuesta de prórroga con el objetivo de «mantener la calidad del servicio, preservar los intereses presupuestarios del Ayuntamiento y ofrecer garantías jurídicas a la próxima empresa concesionaria».

El edil, pese a todo, mantiene hasta el fin su defensa y añade que ante esta «circunstancia, que es ajena a los recursos presentados ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la empresa ‘Alcalasus SL’ y por el Grupo Municipal del PP, se han tenido en cuenta otros casos, como el concurso de transporte público de Talavera y la suspensión de la línea de autobús Madrid-Málaga-Algeciras, por parte del Ministerio de Fomento, aplicando el referido Reglamento».

Perezagua, que días atrás se escudó en el criterio de los técnicos municipales para mantener el concurso en marcha, echa ahora mano de ellos para afirmar que avalan «suspender el actual procedimiento para dar total seguridad jurídica a los operadores del transporte de viajeros sin perjudicar a los usuarios ni a la hacienda local».

En todo caso, tal y como recoge el reglamento europeo, la prórroga del servicio de autobuses «no excederá de dos años». Todo el tiempo que se amplíe el actual contrato significará que el Ayuntamiento no está recibiendo el ahorro que calculó en Plan de Ajuste, que se cifraba en 1.375.000 euros desde 2014.