La Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata) ha presentado en los tribunales un contencioso administrativo contra la Ponencia de Valores. En concreto, y según informó en nota de prensa Apovata, la entrega de la documentación se hizo efectiva el pasado día 17, poco más de un mes después de que la agrupación decidiera poner en marcha los mecanismos para recurrir la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) -dependiente del Ministerio de Hacienda-, debido a que el citado órgano desestimó las reclamaciones presentadas por el colectivo sobre los baremos utilizados por la Dirección General del Catastro para su aplicación en los terrenos calificados como urbanizables en el nuevo Plan de Ordenación Municipal (POM).
En el texto remitido a los medios, el presidente de Apovata, Vicente Jiménez, muestra su malestar por el hecho de que «nuestra propia administración» hace «oídos sordos» a la reclamación de multitud de colectivos y a las sentencias del Tribunal Supremo. Por este motivo, Jiménez subrayó que «nuevamente hemos tenido que lanzarnos al ruedo, planteando una nueva acción judicial, para luchar contra esta desproporcionada e injusta presión fiscal a que estamos sometidos».
Con esta nueva maniobra legal, la agrupación alargará aún más una intensa lucha legal que dio sus primeros pasos hace ya un par de años para corregir, entre otras cosas, el hecho de que un propietario que antes pagaba 2.000 euros de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por un terreno ahora tenga que abonar una cantidad que puede ser de más de 11.000.
Perspectivas para 2015. Para Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera el próximo 2015 no pinta nada bien, debido a que esperan una subida del IBI próxima al 11 por ciento, y en algunos casos superior a esta cantidad. De todas formas, valoran de manera positiva la actitud del Ayuntamiento talaverano por compensar esta subida a aquellos propietarios que domicilien sus impuestos.
No obstante, también quieren dejar muy claro desde Apovata que estas acciones voluntarias, que palían parcialmente el problema impositivo, no son suficientes, especialmente a largo plazo. «Puede ocurrir que en la próxima legislatura el equipo del Ayuntamiento decida no aprobar estas bonificaciones, ocasionando con ello la ruina de muchas de nuestras familias», aseveran desde el colectivo, que volvió a tender la mano a toda la Corporación Municipal para trabajar de manera conjunta en este tema.