Los funcionarios del Ayuntamiento de Toledo llamados a testificar dentro de la investigación por los 200.000 euros que el ex tesorero nacional del PP Jesús Bárcenas dice que recibió de la empresa adjudicataria del servicio de basura (Sufi) declararon ayer en el Juzgado de Instrucción número 3 de Toledo a puerta cerrada. Ninguno de los dos quiso hacer comentarios ni a la entrada ni a la salida. Sólo el economista portaba una carpeta, lo que da entender que se remitirá a los informes que redactó durante el proceso de valoración de las ofertas, finales de 2006 y principio de 2007. En todo caso, será la misma documentación que ya revisó la Comisión de Hacienda la legislatura pasada y que llevó a la conclusión de que en el concurso hay puntos discutibles pero nada que llevase al resto de formaciones políticas a afirmar que se produjera un presunto delito, ni si esos 200.000 euros tienen visos de realidad.
De cualquier forma una carpeta con unos pocos folios (no abultaba) no tiene nade que ver con los cuatro archivadores llenos de toda la documentación relacionada con el contrato del servicio de recogida de basura que la jefa de Contratación del Ayuntamiento de Toledo entregó a los Grupos políticos municipales con motivo de la Comisión de Hacienda.
Ni con los 5.000 folios que el portavoz del PSOE aseguraba que habían remitido a la Audiencia Nacional cuando se requirió información sobre este contrato.
Quizá tan poco papel se deba al hecho de que el expediente carecía de un informe de los servicios económicos del Ayuntamiento a diferencia de como se realiza en otras concesiones, en especial del economista que es quien hace el seguimiento de los contratos día a día.
Apersar de todo el mismo portavoz sacó como conclusión que la adjudicación «se realizó de acuerdo al marco jurídico de contratación de la administración local». Es decir, todo es legal, pero también expresaba una serie de dudas relacionadas con «se produjeron una serie de circunstancias excepcionales durante y después de la adjudicación».
Por ejemplo la modificación del contrato que se produjo como consecuencia de un protocolo de acuerdo laboral firmado «en plena campaña electoral» para desconvocar una huelga «sin ningún informe técnico ni económico» que lo avale. O por qué se contrató a una consultora externa para valorar las ofertas que se presentaron al concurso del servicio de basura.