El juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional pone esta tarde la lupa sobre el proceso de adjudicación y desarrollo administrativo posterior de la concesión del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria de Toledo a la empresa Sufi, hoy Valoriza Servicios Medioambientales.

Como el arranque del contrato se gestó a caballo de dos legislaturas municipales, tanto el exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y el actual regidor municipal, Emiliano García-Page,  acudirán esta tarde al juzgado del magistrado Pablo Ruz. Eso sí, su situación es bien diferente. Molina lo hará en calidad de imputado, tras relacionarle el extesorero del PP, Luis Bárcenas, con la presunta entrega de 200.000 euros que Sacyr realizó supuestamente para sufragar gastos de la campaña electoral autonómica de 2007 a cambio de la adjudicación del servicio de recogida de la basura en Toledo. García-Page lo hará en condición testigo.

«Debe completarse la investigación de los hechos puestos de manifiesto por el imputado señor Bárcenas al efecto de constatar o no la realidad de los mismo.», explica el juez Ruz en el auto que cita a declarar a ambos. Y en este intento por aclarar lo sucedido tendrá esta tarde un papel clave dos informes. El primero, el de la UDEF -que reconstruye la operación de adjudicación investigada, desde la supuesta entrega de 200.000 euros al PPcomo las actuaciones posteriores del nuevo ejecutivo municipal del Partido Socialista-. Y el segundo, el realizado por el viceinterventor municipal, fechado el 15 de noviembre de 2007, y que hoy también declara como testigo.

- Foto: victor ballesteros La propia Intervención General del Estado, que analizó el expediente de este contrato, a petición del juez ya considera determinante este informe del técnico municipal. En sus conclusiones, la Intervención señala que la ejecución del contrato para la recogida de la basura en Toledo vulneró la legislación de contratos de las Administraciones Públicas. Así lo entiende, haciendo suyos los argumentos del viceinterventor municipal. Asimismo, la Intervención General del Estado, detecta irregularidades en la ejecución del contrato, pero no en el proceso de licitación y en la adjudicación de la concesión. Estas dos últimas partes se desarrollaron íntegramente en la legislatura de Molina, mientras que la ejecución también afecta a la primera legislatura de Page con alcalde, que gobernaba en coalición con Izquierda Unida.

El Informe de la Intervención General del Estado divide sus conclusiones en tres fases: preparación, adjudicación y ejecución del contrato.

En el apartado correspondiente a la licitación, el organismos fiscalizador dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas sostiene que «la preparación del contrato se realizó cumpliendo, en términos generales, con el régimen jurídico aplicable. Se ha comprobado que se evacuaron los informes preceptivos y se cumplió con el trámite de audiencia pública». En este apartado se observa «que no consta en el expediente la justificación de la elección del procedimiento de contratación ni se motiva su necesidad. Tampoco se aporta un certificado de insuficiencia de medios que justifique la contratación».

En el apartado de la adjudicación del contrato, la Intervención General del Estado señala textualmente que «se ha comprobado la correcta aplicación de cada criterio de valoración» por la consultora externa que contrató el Ayuntamiento para hacer la valoración de las ofertas presentadas. Las conclusiones en este apartado, pese a que detecta algunas «debilidades» en el procedimiento de valoración como el hecho de que «el valor económico de las mejoras se otorga por el ofertante y no por la Comisión de Valoración», terminan por explicar que tampoco «se han encontrado diferencias significativas a la hora de aplicar los diferentes criterios de valoración a las ofertas».

El nudo gordiano viene en el apartado de ejecución del contrato. En este punto, el informe relata el conflicto laboral abierto por la actualización de salarios del personal de la concesionaria, conflicto que derivó en una huelga, que finalizó con un preacuerdo por el que empresa y trabajadores pactan unos incrementos salariales, que terminan incluyéndose en un protocolo que suscriben ambas partes con el Ayuntamiento. El firmante de este protocolo es Lamberto García-Pineda, también imputado en la causa.

El protocolo se elevó a la Junta de Gobierno celebrada el 23 de mayo de 2007, que lo aprobó sin informe preceptivo alguno, asunto que la Intervención General haciendo suyo el argumento del viceinterventor que lo consideró «nulo de pleno derecho».

Sin embargo, el acuerdo fue recuperado por el siguiente equipo de Gobierno en noviembre de 2007 -ya con el gobierno bipartito- con fecha 15 de noviembre de 2007. Este documento hereda todas las estipulaciones del protocolo firmado por Pineda al recoger el documento recoge que el sobrecoste del nuevo convenio se compensará íntegramente por el Ayuntamiento de Toledo.

Este hecho lleva al viceinterventor a fiscalizar con «reparos suspensivos» un acuerdo cuyo sobrecoste para el Ayuntamiento se estipula en 11,3 millones. A su entender, «la empresa concesionaria del servicio debería tener previstas las revisiones salariales del personal dentro de los costes del servicio, siendo de su exclusiva responsabilidad la negociación colectiva con los empleados, origen exclusivo de los sobrecostes».

Los reparos fueron anulados por un decreto firmado por García-Page el 24 de enero de 2008, eliminando así las discrepancias entre el viceinterventor y el Servicio de Obras e Infraestructuras.