Desde el Grupo Parlamentario Popular, la diputada regional cesárea Arnedo subrayaba la «tranquilidad y confianza» de su partido en que «de una vez por todas se vaya a saber qué ha olido mal en este caso».
Recordaba que el informe de la Intervención General del Estado establecía la «legalidad del procedimiento», tanto en la licitación como en la adjudicación, mientras que apuntaba la «casualidad» de que «el contrato de la basura comenzara a oler mal desde que García-Page metiera la mano en el proceso».