El Gobierno del Ayuntamiento de Toledo, con su alcaldesa al frente, considera que el proceso judicial que dirimía la legalidad del Plan de Ordenación Municipal «se ha cerrado» definitivamente a favor de los intereses generales de la ciudad con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que revoca la anulación decretada hace cuatro años por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la región. Milagros Tolón dice que la noticia les «llena de alegría» y, sobre todo, les aporta tranquilidad porque devuelve la «seguridad jurídica» a todo lo relacionado con el urbanismo que se ha ido aprobando a lo largo del tiempo, además de dar cobertura a los nuevos proyectos que se puedan presentar a partir de ahora.
Tolón, acompañada por sus concejales de Urbanismo, Teodoro García, y de Hacienda y Participación, José Pablo Sabrido, compareció ayer por la tarde para hacer una valoración de urgencia sobre el fallo del TC. La alcaldesa empezaba recordando que este verano casi daban por perdido el pleito después que el propio TC dictara un auto que rechazaba aplazar la ejecución de la sentencia del TSJ y «prácticamente obligaba a anular el POM».
Pero la persistencia en mantener el recurso de amparo ha dado el resultado que se buscaba y esta vez «la Justicia da la razón al Ayuntamiento» con otro fallo «que anula la sentencia del TSJ que declaraba fuera de la legalidad el POM». Con este dictamen en la mano la alcaldesa afirma, sin dejar lugar a ninguna duda, que el planeamiento urbano aprobado en 2007 «está totalmente vigente».
Milagros Tolón reconoce que durante estos meses han pasado por un periodo de «incertidumbre» y subraya que ella y todo su equipo se han conducido con «prudencia y responsabilidad» decidiendo apurar la vía judicial para defender los intereses generales.
«Otros» actuaron en beneficio de sus «intereses particulares», se queja Tolón, aclarando que se refiere al PP y a sus repetidos llamamiento a renunciar al proceso judicial. «¿Qué hubiera pasado?» si se les hubiera hecho caso.
La alcaldesa deja la reflexión en el aire y se felicita porque una vez que la justicia avala la tesis del Ayuntamiento «hoy Toledo puede seguir creciendo», abriendo empresas, creando empleo, promoviendo viviendas para jóvenes y reactivando su economía. Con esta «buena noticia todos salimos ganando», concluye.
Dudas sin fundamento. José Pablo Sabrido fue el encargado explicar el alcance jurídico de la sentencia. El portavoz del Gobierno municipal afirma que el pleito sobre el defecto de forma en la aprobación del POM ha concluido (se cuestionaba la vulneración del derecho de participación pública por no abrir otro periodo tras introducir cambios sustanciales en el planeamiento antes de su aprobación definitiva). De manera que si el TSJ retoma el proceso, tal y como insta el TC en su sentencia, se abrirá otro procedimiento distinto sobre la constitucionalidad de la ley del suelo regional (Lotau) en la que se apoyó el Ayuntamiento de Toledo (y la Junta de Comunidades) para tramitar la aprobación del POM en 2007. Es decir, el tribunal regional tiene dos caminos: «o declara aplicable la Lotau o plantea conflicto de inconstitucionalidad».
El Gobierno municipal comunicó ayer mismo la noticia a la oposición y a la Federación de Empresarial. La conclusión que sacan de las reacciones que escucharon son variadas: «satisfacción» sin paliativos en Ciudadanos, «desconcierto» en el PP -al que tienden la mano y le piden que se olvide ya de hacer más «regates cortos»- y «ligerísimas dudas» entre los empresarios que Sabrido califica «sin fundamento» por las razones ya expuestas.
Dicho todo esto, Tolón reitera que Toledo capital necesita un nuevo POM adaptado a sus necesidades actuales y por eso van a continuar el trabajo que se inició antes del verano con el resto de Grupos políticos. De tal manera que el día 14 de octubre han convocado la Comisión de Urbanismo para poner sobre la mesa la documentación que han ido recopilando durante estos meses. Además el lunes que viene habrá reunión con los vecinos para fijar los mecanismos de participación. En este sentido Sabrido asegura que cuando toque tramitar la aprobación definitiva del planeamiento urbano no volverá a haber dudas sobre el respeto al derecho de participación ya que se darán todas las oportunidades que marquen las leyes más garantistas.