La Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera (Apovata) solicitará al Ayuntamiento la retirada del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para la relación de terrenos declarados urbanizables en el Plan de Ordenación Municipal. Será el siguiente paso a dar por el colectivo, después de pedir la retirada del Plan de Ordenación y de la Ponencia de Valores, y es que, según sus palabras, «se está aplicando un IBI sobre el valor de las posibilidades urbanística de los terrenos, no sobre su aprovechamiento real».
En este sentido, el presidente de Apovata, Víctor Jiménez, explica que el objetivo de la organización es que el IBI se pague en función del uso del suelo, siendo éste mayoritariamente agrícola, añadió.
Además, asegura que «ya empieza a discutirse» en los tribunales el caso de que un terreno tenga que pagar más dinero porque un municipio le declare urbanizable. Existe, explica, una gran confusión entre si debe regir la Ley del Castastro -la que se aplica actualmente- o la del Suelo. La diferencia entre ambas radica en que en la del Catastro, reconoce un suelo urbanizable como urbano a todos los efectos, mientras que en la del Suelo «que es la que debería aplicarse», añade Jiménez, «un suelo no es urbanizable hasta que se engancha a la red de suministro». Así, indicó, «vamos a seguir hasta el final».
Por el momento, han ido logrando pequeñas ‘conquistas’ ya que el Consistorio ha aceptado su propuesta del fraccionamiento del IBI, para facilitar el pago a las familias, empresas y autónomos y han aprobado bonificaciones en el IBI de los bienes urbanizables, del 15, 30, 50 y 75 por ciento, según los sectores.
Para informar de esto y de los siguientes pasos a seguir, han citado a los asociados el próximo 9 de junio en la sede de Fedeto.
Tribunal económico administrativo. Mientras, la Asociación de Afectados por la Ponencia de Valores de Talavera espera aún la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central -TEAC- a su reclamación sobre la revisión de los baremos utilizados por el Catastro para su aplicación en los terrenos calificados como urbanizables en el Plan de Ordenación Municipal de la ciudad.
El presidente del colectivo afirmó que esta petición se realizó hace algo más de un año y que están dispuestos a llegar «donde haga falta» para que se les resuelva una situación que ellos consideran «totalmente injusta». En este sentido, si la respuesta del Tribunal fuera negativa, el colectivo estaría dispuesto a llegar hasta el Contencioso-Administrativo. Los miembros de Apovata no aprueban que con esta subida un propietario que antes pagaba 2.000 euros de IBI por un terreno, ahora deba abonar más de 11.000.