Posiblemente el principal problema enquistado de la pasada legislatura, enmarañado por cuestiones políticas y jurídicas, cuyo conflicto podría resolverse definitivamente. El delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Toledo, Javier Nicolás, aseguró ayer que la «solución definitiva» al nuevo Hospital de Toledo está cercana tras los contactos entre el nuevo Gobierno regional y la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de las obras y la gestión de la infraestructura.
«Las negociaciones van por buen camino y creo que en breves fechas podremos adelantar que se ha dado una solución definitiva al hospital», manifestó el delegado antes de la reunión celebrada en el Ayuntamiento de Toledo con la alcaldesa de la ciudad, Milagros Tolón.
Sin ofrecer una fecha concreta ni adelantar en qué punto exacto se encuentran las conversaciones con las constructoras, Nicolás afirmó que el acuerdo será «tanto jurídico como de la obra» y recordó que el proyecto de ejecución de la infraestructura «aún no se ha enviado» al Consistorio capitalino, la administración responsable de conceder la licencia de obra para retomar los trabajos de construcción del edificio.
El rediseño, con los médicos. «Estamos viendo cómo podemos gestionar el contrato firmado entre el Sescam y la empresa», insistió el delegado, recordando también que el Gobierno regional «cuenta con la opinión de los médicos» para «ver cómo tiene que ser la distribución interior» de la infraestructura.
El proyecto para la construcción del hospital se firmó el pasado mes de marzo entre el exconsejero ‘popular’ de Sanidad, José Ignacio Echániz, y las empresas adjudicatarias de los trabajos tras más de tres años de paralización.
La Junta y la UTE ‘Nuevo Hospital de Toledo’, formada por Acciona, OHL y ACS, formalizaban el 10 de marzo el acuerdo para poner en marcha «un proyecto serio» y adaptado «a las necesidades de los toledanos», según las palabras del entonces consejero, quien destacó su confianza en las constructoras.
El cambio de signo político del Gobierno regional volvió a parar el asunto, dado que el rechazo a la «privatización» de la gestión de la infraestructura fue una de las principales luchas del líder del PSOE regional y ahora presidente, Emiliano García-Page.
Las negociaciones con la UTE se abrieron tras su toma de posesión y ahora el Ejecutivo anuncia que la «solución definitiva» está próxima.