La combinación justicia-urbanismo está dando buenas noticias al Ayuntamiento de Toledo en el arranque de la legislatura. Primero fue el Tribunal Constitucional el que confirmó la legalidad y vigencia del Plan de Ordenación Municipal (POM) de 2007, echando atrás las anteriores sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y el Tribunal Supremo que anulaban el documento, y ahora la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento ha dado cuenta a los grupos políticos de la sentencia por el conflicto del desarrollo del PP-23
El edil del ramo, Teo García, fue muy escueto al respecto de la sentencia en la comisión de ayer, limitándose a afirmar que la justicia daba la razón al Consistorio.
El denominado PP-23 es un Plan Parcial del Plan de Ordenación Municipal de 2007 que tenía como objeto el desarrollo del actual parque comercial de ‘La Abadía’. El proyecto surgió en el ecuador de la primera legislatura de Emiliano García-Page como alcalde de la ciudad, y en abril de 2010 las máquinas comenzaron a trabajar en la zona.
La cercanía del proyecto con el centro comercial de Olías del Rey, el Puerta de Toledo, puso en alerta a los promotores del último, que presentaron alegaciones al proyecto de construcción del parque ‘La Abadía’ aprobado en Junta de Gobierno.
En ese acuerdo se daba luz verde a los proyectos de urbanización y los accesos al parque comercial, así como a la reparcelación del sector urbanizable del PP-23.
Las alegaciones de los promotores del Puerta de Toledo, ‘Real de Olías SL’, fueron rechazas por el Ayuntamiento, y los empresarios decidieron acudir a los tribunales.
‘Real de Olías’ sustentaba sus argumentos en que el proyecto de urbanización modificaba el Plan Parcial, y por lo tanto, dicho instrumento de planeamiento urbano era nulo en la medida que no concordaba con el Plan de Ordenación Municipal.
En su día, el Ayuntamiento se defendió alegando que el Plan Parcial 23, y el acuerdo del Pleno Municipal que lo aprobó, solo podían declarase nulos cuando lo afirmara un juez en sentencia firme. Por aquel entonces es planteamiento urbano era válido, estaba en vigor, producía efectos y era inacatable por la vía administrativa al haber ganado firmeza su aprobación.
Más tarde, con las sentencias del Tribunal Superior, el POM fue declarado nulo, y la situación de ‘La Abadía’ se complicó, quedando en un limbo del que finalmente salió con éxito tras confirmarse el pasado mes de octubre el respaldo del Tribunal Constitucional a la legalidad del POM.
‘Real de Olías’ llegó a manifestar en su denuncia que, según sus cálculos, la edificabilidad en la zona aumentó un 12% tras la entrada de ‘La Abadía’, pero que sin embargo la ejecución de los sistemas generales (calles, redes de abastecimiento, zonas verdes...), a cargo del promotor, se mantuvieron en las cifras antiguas cuando deberían haber aumentado en la misma proporción.
También protestaron porque no se respetaba, en su opinión, una vía pecuaria del ‘Cordel de Olías’, así como que el parque comercial no respetaba el terreno de servidumbre que debe de dejarse en los márgenes de las carreteras, que debía quedar como rústico no urbanizable.
El ‘Grupo Murias’, promotor del parque, sufragó de forma proporcional las infraestructuras y sistemas generales que el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) asigna a ese sector (PP-23), que ascendieron a la cantidad de 1,51 millones de euros.
Por su parte, la gran superficie cuenta con una llamada ‘Entidad Urbanística de Conservación’, que se encarga de que al Ayuntamiento no le cueste ni un céntimo el mantenimiento de la urbanización, la limpieza o el cuidado de las zonas verdes y los espacios libres. El parque comercial ‘La Abadía’ cuenta con un total de 60.000 metros cuadrados para edificios comerciales, 23.000 de parque forestal, 18.300 de zonas verdes y otros 9.000 destinados a dotaciones deportivas.