El que fuera alcalde de Ocaña desde 1999 hasta 2011, José Carlos Martínez Osteso (PP), será finalmente juzgado el próximo lunes junto a cuatro concejales que formaban su Junta de Gobierno por presuntos delitos de prevaricación urbanística y contra la Ordenación del Territorio. La vista oral será la culminación de un largo proceso que arrancó con una denuncia del partido de la oposición municipal, el PSOE, en 2006, a la que se sumó la Fiscalía. La instrucción efectuada en el Juzgado 2 de Ocaña se culminaba hace dos años con un auto de apertura de juicio oral, que ahora se efectuará en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Toledo. Ante la inminencia de su enjuiciamiento, el exalcalde mantiene su inocencia, reprochando a los socialistas los «más de ocho años de pena de banquillo» que asegura haber sufrido por unos hechos en los que asegura que no hay ilícito penal alguno.
Las licencias que motivaron su procesamiento fueron aprobadas por el exalcalde y los demás procesados, que formaban la Junta de Gobierno en el periodo 2003-2007. En el momento de la apertura de juicio, la Fiscalía imputó al exalcalde y sus concejales por un presunto delito de prevaricación urbanística. En concreto, pedía para Martínez Osteso una multa y 10 años de inhabilitación, que se reducen a ocho para cada uno de los concejales.
El PSOE, que se presentó en el caso como querellante, añadía la imputación contra los ediles del PP de un presunto delito relativo a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio y del medio ambiente. Para el exalcalde, solicita un año de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de diez años, mientras para cada concejal pide seis meses de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por diez años. En este caso, los socialistas reprochan al exalcalde y su equipo el otorgamiento de licencias de obras con informes contrarios del arquitecto y la secretaria del Ayuntamiento o recalificaciones terrenos para cambiar su uso industrial por residencial con informes contrarios de la secretaria del Ayuntamiento y del Colegio de Arquitectos.
Sin embargo, Martínez Osteso mantiene en vísperas del juicio una versión diferente de los hechos denunciados. Asegura que se resolvieron en base a «informes divergentes» de los funcionarios municipales, en los que a veces había dictámenes técnicos favorables y jurídicos desfavorables, o al revés. Un matiz importante al que se acoge para negar que prevaricara.
Además, el exalcalde recuerda que el grueso de lo denunciado se refiere a la concesión de una serie de licencias para facilitar el acceso de maquinaria agrícola a unas naves en la zona de El Collado. Un área urbanística que señala que se desarrolló en mandatos anteriores y que se puede dar por consolidada.
Con todo esto, el exregidor asegura que él y los otros procesados actuaron «dentro de la total legalidad, tomando decisiones justas y equitativas para todos nuestros vecinos. Aquí no estamos hablando de casos de corrupción».
Martínez Osteso critica que esta denuncia fuera presentada por los socialistas como arma electoral ante los comicios municipales de 2007, que ganó, y que haya tenido consecuencias para él y sus compañeros ediles durante todo este tiempo.