La Justicia ha iniciado el proceso para desalojar el asentamiento chabolista existente en la antigua residencia de la Seguridad Social de El Cavero, en Olías del Rey, aunque todavía no ha fijado una fecha definitiva para este desahucio. Así se recoge en una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 6 de Toledo, que resuelve un juicio de desahucio instado por la propietaria del inmueble, la Tesorería General de la Seguridad Social. Ahora, corresponde a distintas administraciones buscar una solución para los moradores del edificio, ante los riesgos de seguridad que existen en él tras un incendio ocurrido hace cuatro años.
La titular del Juzgado, Sabina Arganda, reconoce la capacidad de la Seguridad Social para instar el desahucio como propietaria del edificio, construido en los 70 para residencia de discapacitados pero que nunca llegó a utilizarse. Esto llevó a su ocupación por un grupo de familias de etnia gitana que actualmente, según se recoge en la sentencia, ascendería a unas 153 personas. De ellas, 44 se han personado en el proceso con un abogado de oficio.
Aún así en el propio fallo se reconoce la situación de emergencia social de los ocupantes del asentamiento. Así, la jueza espera que el procedimiento potencie «una serie de iniciativas destinadas a poner fin al problema», en el que recuerda que debe ponerse fin a «la existencia de un asentamiento sin los servicios básicos y sin condiciones que aseguren la integridad física de los ocupantes».
Por ello, la sentencia marca que «no se fija fecha para el lanzamiento (desahucio) dada la necesidad de movilizar a múltiples organismos y recursos» antes de considerar su ejecución. Entre las instituciones a las que convoca a este proceso, cita a la Fiscalía de Menores, a los servicios sociales y de vivienda de la Junta, los servicios sociales municipales y las Fuerzas de Seguridad.
La intervención de la Seguridad Social para poner fin al asentamiento había sido reclamada en repetidas ocasiones por el Ayuntamiento oliero, preocupado por el lamentable estado del inmueble. Este estado se vio agravado con un incendio que se produjo en 2010, que llevó a declararlo en estado de ruina. Desde el Consistorio oliero valoran positivamente la implicación del organismo estatal y la posterior sentencia, ya que obliga a iniciar un proceso para desmantelar un asentamiento en el que no se cumplen las mínimas condiciones de seguridad y salubridad para los ocupantes del maltrecho edificio.
Esta situación motivó que el Ayuntamiento recurriese a las distintas instituciones implicadas (Ministerio de Trabajo, Delegación de Gobierno, Junta de Comunidades de Castilla La Mancha) con el fin de solucionar un problema que lleva latente muchos años y al que nadie ha sido capaz de dar una solución hasta ahora.
Apuesta por el realojo.
A juicio del alcalde, José Manuel Trigo, la solución no es fácil, pero ya se han dado los primeros e importantes pasos. Además de la solución jurídica que ya está en marcha, el cierre del asentamiento de El Cavero debe pasar por la aplicación de medidas de carácter social como facilitar el realojo de estas familias en condiciones de habitabilidad mediante algún sistema de integración social.
Por su parte, los habitantes del asentamiento de El Cavero ya han solicitado viviendas sociales en otros municipios de la provincia, según indica el regidor oliero a través de un comunicado de prensa.