La Federación Empresarial Toledana (Fedeto) firmó ayer un convenio con el despacho Moraleda Abogados para reclamar a las administraciones públicas -por vía administrativa primero, y judicial si hace falta, que lo va a hacer- la devolución de los tributos indebidamente cobrados como consecuencia de las valoraciones catastrales erróneas del suelo urbanizable. Ángel Nicolás dice que de esta manera dan la posibilidad a sus asociados de «recuperar lo que nunca tenían que haber pagado».

Juan Carlos Moraleda explica que la demanda tiene como base fundamental la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2014 -válida para todo el territorio nacional- según la cual es ilegal cobrar IBI urbano a terrenos que carecen de infraestructuras básicas ni tienen aprobado un plan de actuación urbanizadora (PAU).

En aplicación de este fallo lo que se pide a los ayuntamientos es que empiecen a cobrar «IBI rústico ya» y a la Gerencia de Catastro que haga una «revisión de oficio» de las ponencias de valores que afectan al suelo urbanizable. Pero Fedeto no se conforma con la rectificación de cara al futuro, quiere que quienes han cobrado de más (IBI, sucesiones, transmisiones) devuelvan el dinero a los contribuyentes.

Consideran «corresponsables» (no quieren hablar de culpables) al Estado (que manda sobre el Catastro), a las Comunidades, a los municipios y hasta las diputaciones. Todas las administraciones públicas o bien han propiciado el error o se han aprovechado, o ambas cosas, por «afán recaudatorio».

Moraleda subraya que la sentencia establece como «verdad sin paliativos» que la administración no puede dar dos tratamientos diferenciados al mismo terreno en función de su conveniencia: por ejemplo, no puede cobrar el IBI urbano y cuando expropian indemnizar con valor rústico, que es lo que han venido haciendo.

También determina de manera «inexorable» que el valor catastral de un terreno nunca puede ser superior al de mercado ni al de una tasación. De todos estos errores son «responsables» las administraciones así que el daño que se pueda producir al erario público por las devoluciones será similar al que hasta ahora ellas han causado en el bolsillo de los particulares afectados.

El que cobra devuelve. La demanda irá planteada «contra quien cobra» los impuestos, para que devuelva. A pesar de que hay jurisprudencia avalando los recibos del IBI, que estarían bien calculados ya que el problema es el error de base en la ponencia, dicen que pueden demostrar que los ayuntamientos son corresponsables porque podían haber recurrido las valoraciones catastrales o, en último caso, introducir factores correctores a los recibos.

La retroactividad máxima en materia de hacienda es de cuatro años, así que lo pagado antes de 2011 se da por perdido. Nicolás concluye recordando que Fedeto lleva «años avisando» del problema y pidiendo «diálogo» a los políticos pero sin resultado. Su estimación, en Toledo capital, es que el Ayuntamiento tendrá que devolver 20 millones de euros tirando por lo bajo. Pero el problema es de toda la provincia y todos los empresarios, sean de la localidad que sean, se pueden sumar a la demanda.

Fedeto y el despacho Moraleda han pedido datos a los ayuntamientos para hacer una estimación de lo que en cada localidad se ha podido cobrar de más a los contribuyentes propietarios de suelo urbanizable pero sin demasiado éxito.

Sobre este asunto dicen que el foco está muy concentrado en Toledo capital pero creen que puede haber otros puntos de la provincia, especialmente La Sagra, donde la situación llegue a la misma intensidad o más. En todo caso, el secretario general de Fedeto, puntualiza que la demanda se plantea «en defensa de los empresarios, no contra los ayuntamientos».