Sánchez Recuero defiende la eliminación de tasas judiciales a las empresas

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El decano de los abogados considera buena, pero insuficiente, la modificación de la ley

El Consejo de Ministros acaba de suprimir las tasas judiciales para las personas físicas y la medida ha sido bien acogida por el decano del Colegio de Abogados de Toledo aunque la considera precipitada e insuficiente. José Sánchez Recuero está convencido de que el Consejo General de la Abogacía, que ha convocado un pleno extraordinario para analizar la medida, solicitará que la supresión de tasas se aplique de manera universal. «¿Por que va a quedar fuera un empresario autónomo? No tiene sentido», indica.

Sánchez Recuero explica su sorpresa con la modificación legal porque han pasado muy pocos días desde el anuncio que hizo el presidente del Gobierno durante el Debate de Estado de la Nación. En cuanto a la valoración, pide un poco de tiempo ya que no se han facilitado detalles de su desarrollo.

En todo caso, entiende que el Gobierno se ha visto forzado a llevar a cabo la eliminación «por sentido común y por interés social». Además, recuerda, el Tribunal Constitucional está revisando la Ley de Tasas y su encaje con  el principio de tutela judicial efectiva así como el acceso en condiciones de igualdad a los tribunales.

El decano de los letrados de Toledo insiste en que no imaginaban que iba a ser tan urgente el cambio y que se va a pedir que se retiren todas las tasas, sin limitación. El objetivo último es «que se extienda a otros sujetos y sociedades con los mismos derechos que las personas físicas» porque las empresas, del tipo que sean, «no pueden quedarse fuera».

Una vez conozcan en detalle la medidas, así como la valoración del Consejo de la Abogacía, la Junta de Gobierno del Colegio de Toledo debatirá el tema e informará todos los colegiados.

«una mejora».  La supresión de tasas se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó que desde la creación de las tasas en 2002 por el PP, éstas se han ido ajustando y, en alusión a la reforma de este viernes, dice que se trata de una «mejora».

Esta medida es una propuesta del ministro y persigue el objetivo de que «ningún ciudadano deje de acudir a la Justicia por motivos económicos» y que la Justicia «esté al alcance de todos, garantizando la tutela judicial efectiva.

Eso sí, se mantienen las tasas para personas jurídicas, es decir, para empresas. Preguntado en concreto sobre las pequeñas y medianas empresas, el ministro recordó que ya están exentas de pagarlas hasta los 2.000 euros.