Los ciudadanos presentaron directamente ante la Defensora del Pueblo un total de 21.319 quejas en 2014, de las cuales 927 pertenecen a Castilla-La Mancha, según el último informe anual de esta institución presentado este pasado jueves en el Congreso de los Diputados. En términos nacionales, la Oficina del Defensor del Pueblo tramitó el pasado año un total de 743 quejas sobre temas relacionados con la sanidad. Asimismo, se abrieron 19 actuaciones de oficio y siete solicitudes de recurso.  

La actividad del Defensor del Pueblo respecto del derecho a la salud ha estado centrada, desde el punto de vista cuantitativo, en tres ámbitos: la atención especializada, la atención primaria y la prestación farmacológica, que suponen en 57% de los expedientes tramitados. Otros tres ámbitos -la seguridad de los pacientes, la declaración del derecho a la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos y los derechos de los enfermos y usuarios- también presentan porcentajes significativos de actuaciones.

El informe revela, además, que la mayor parte de las quejas se tramitan con las administraciones sanitarias autonómicas, entre las que por el número de investigaciones formalizadas destacan Madrid y Castilla-La Mancha. Los organismos dependientes de la Administración General del Estado, como el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, los Servicios Sociales e Igualdad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social o la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en su conjunto, suponen también un número relevante de tramitaciones.

Poniendo de nuevo el foco en la región, el informe explica que la asistencia sanitaria de urgencia por enfermedad grave o accidente, hasta la situación de alta médica, es una modalidad de atención garantizada por el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, para los extranjeros no registrados, ni autorizados como residentes en España. Los problemas, en cuanto a la continuidad asistencial de dos pacientes en el Complejo Hospitalario de Toledo dieron lugar a la formulación de dos sugerencias al Sescam.

Las respuestas del Sescam no acogen las sugerencias formuladas por la Oficina del Defensor del Pueblo, argumentando que los referidos pacientes no tienen reconocida la condición de asegurado en el Sistema Nacional de Salud, de modo que la única opción para su atención por la sanidad pública sería suscribir un convenio especial de asistencia sanitaria.

Listas de espera que dan dolor de cabeza. Las demoras significativas en intervenciones quirúrgicas, en consultas externas y en técnicas o pruebas diagnósticas motivaron numerosas recomendaciones y sugerencias al Sescam. La Defensora del Pueblo pone el foco en varios servicios especializados de  cuatro hospitales de la región: el Hospital La Mancha-Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, el Hospital General de Albacete y el Hospital General de Ciudad Real.

En un significativo número de las situaciones detalladas en el informe, el Sescam informó sobre la modificación de las fechas programadas a raíz de la intervención de la Oficina del Defensor del Pueblo, con lo que estas demoras han podido minorarse.

política social. Las materias agrupadas en el capítulo de política social suscitan en su conjunto una de las mayores cifras de quejas. El 65,47 por ciento de las quejas tramitadas en este ámbito, a nivel nacional, aluden a situaciones de necesidad y lucha contra la exclusión, específicamente a las rentas mínimas. La dependencia supone el 12 por ciento de las quejas; menores y familia el 9 por ciento y personas mayores el 5,71 por ciento de las quejas de política social. A las quejas ciudadanas se unen las 33 actuaciones de oficio abiertas en el año 2014.

El informe anual de la Defensora del Pueblo revela que las administraciones con las que de manera más habitual se inician actuaciones son las consejerías autonómicas en servicios sociales, especialmente las de Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Galicia y Región de Murcia.

La Oficina del Defensor del Pueblo discrepó el pasado año de la interpretación que se hizo de las normas de aplicación en la denegación de las ayudas de transporte solicitadas por participantes en acciones formativas. Así, la orden que regula la concesión de estas ayudas enCastilla-La Mancha considera como localidad de residencia de la persona solicitante el domicilio que conste en la demanda de empleo.

La Ley reguladora de las Bases del Régimen Local dispone que los datos del padrón municipal constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.

En este sentido, se dirigió una sugerencia a la Consejería de Economía y Empleo de la Junta de Comunidades, que no fue aceptada, por entender que puede amparar solicitudes de ayudas fraudulentas.