Molinary: «Que los delitos de corrupción no prescriban; y los investigados fuera del partido»

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Elizo: «Antes de la crisis se dejó crecer el mercado sin control. Hace falta intervención pública»

Se habla de pacto por la educación que parece difícil con opiniones tan distintas. Por ejemplo sobre la educación concertada.

-(RM) Ciudadanos cree que es posible el pacto. Nosotros estamos a favor de la educación concertada que es un manera de complementar la pública. Lo que promulgamos es una enseñanza libre, de calidad, gratuita y bilingüe para que nuestro estudiantes puedan salir a trabajar o exportar sus productos fuera de España.

-(GE) ¿Ciudadanos está a favor de poner dinero público en la concertada?

-(RM) No confundamos. La enseñanza concertada nace porque la pública no era capaz de admitir a todos los alumnos y lo que se ha demostrado es que es tan buena una como otra, ni mejor ni peor.

-(GE) Podemos blinda desde la Constitución el derecho a la educación pública, de calidad y universal. Es verdad que la concertada surge porque la pública no cubría todas las necesidades educativas y cabía la subvención pública, pero ahora no estamos en esa situación. Estamos en la aberración de que cada Comunidad con competencias da más dinero para la concertada y más recortes en la pública. Podemos plantea que volquemos todo el esfuerzo en la pública y que, poco a poco, la concertada -no tenemos nada contra la privada- asuma sus propios costes.

Producir ese cambio no es rápido ni barato.

-(GE) Sin desasistir las necesidades de determinadas zonas, se trataría de reconducir el dinero de la concertada hacia la pública.

-(RM) Eso es Podemos: cerrar, cerrar y cerrar, mandar más personas al paro y no dar libertad a los padres para que sus hijos vayan a estudiar donde quieran. ¿Sabes cuál es el coste en Castilla-La Mancha de un alumno en concertada y en la pública?

-(GE) Sé dónde está la trampa de esa pregunta. La educación pública es la garantía de igualdad para cada una de las personas que viven en este país.

-(RM) ¿Qué igualdad si no pueden elegir dónde llevar a sus hijos?

-(GE) Desde luego que sí pueden. No tenemos problema con la privada, pero la inversión pública debe ir a la educación pública en cuanto exista posibilidad de no dejar desasistida una zona. La trampa de cuánto valen las plazas en y otra tiene que ver con la tergiversación de las cifras.

-(RM) Yo no engaño, solo hago una pregunta concreta: un alumno en la pública está en 6.000 euros y en la concertada en los 4.500 euros por un tema de optimización de recursos. Ambas enseñanzas son compatibles, una se ha servicio de la otra para abastecer lugares a los que no llegaba y los toledanos tienen libertad para decidir dónde quieren llevar a sus hijos.

-(GE) Estamos hablando de una falacia del siglo XIX cuando vamos por el XXI, y sistemáticamente se ha utilizado la concesión de colegios concertados para hacer negocio. Podemos quiere la educación universal que alcance a todos los niños de este país. Hay modelos como el Finlandés que se ha reconocido internacionalmente.

-(RM) Necesitamos cada vez profesores de mayor nivel, en formación continua para competir con todo el mundo. Independientemente de pública o concertada lo importante es la calidad para todos los españoles, libre y gratuita.

-(GM) Fundamental: tener educación de calidad, la investigación, el reconocimiento de las identidades culturales, políticas públicas que lo favorezcan y pactos con otras formaciones. La educación pública es la que nos ha sacado de la situación incómoda en la que estábamos años atrás. Las universidades públicas son las mejores de este país y hay que reforzar los colegios e institutos públicos.

La crisis ha producido efectos muy negativos a mucha gente. Desempleo, desahucios, falta de ingresos para vivir a diario dignamente... A la vez los recursos públicos son limitados. ¿El empleo sería el mejor trampolín para solucionar la mayoría de problemas?

-(RM) El paro es el primer gran problema que tiene España  sin visos de solución hasta que cambie el modelo productivo. C’s propone dotar a los parados de un cheque de formación para que gente en riesgo de exclusión vuelvan a la actividad laboral. Eso está en marcha en otros países. No puede desampararse a personas de 55 años en paro que tiene una gran experiencia y ganas de trabajar. Somos una provincia que produce bien y de calidad, nos falta saber colocar esos productos en el resto de España y fuera.

-(GE) Disentimos del diagnóstico sobre el paro. No es un problema de formación. Siendo la generación mejor preparada de España, entre los 16 y los 24 años una de cada cuatro personas están en riesgo de pobreza. Es un problema de cambio de modelo productivo, de hacer otra economía, y no de cheques de formación ni mucho menos de contrato único que flexibiliza más el despido. Queremos investigación, potenciar las energías renovables, la industria agroalimentaria, un turismo de calidad... Se trata de enriquecer este país, dinero hay desde luego. Con una mejor política económica habrá más empleo, y empleo de calidad.

-(RM) El porcentaje de paro en la población con formación universitaria y demás es el 9%, son datos. El resto son personas que no han culminado sus estudios básicos y lo que tenemos que intentar es ayudarles a completar su formación para ampliar sus posibilidades de lograr empleo. Los países que más invierten en formación son los que tiene menos porcentaje de paro.

Los dos coinciden en una frase: cambio de modelo productivo. ¿Cómo se hace? ¿por decreto, por inversión pública, incentivando a las empresas privadas?

-(RM) Primero analizando lo que producimos para darle más valor a la medida de lo que necesitan los mercados nacionales e internacionales. Toledo es una provincia en una situación excepcional, a poco kilómetros del mayor centro de consumo de España. Nuestro sector agroalimentario tiene al lado Mercamadrid, el segundo más importante de Europa.

-(GE) En 2011 el ministro Soria puso en marcha unas políticas que cerraba la posibilidad de ser competitivos en las energías renovables. Ahora se trata de hacer políticas en sentido contrario, que favorezcan esos sectores donde los recursos son abundantes y se crean muchos empleos, que nos permita dejar de ser dependientes de las energías fósiles. Otros países lo han hecho. También se debe avanzar en turismo o la industria agroalimentaria. Y fundamental, políticas económicas dirigidas a la pequeña empresa y los autónomos que crean la mayoría de empleo en España. Por ejemplo, que las cuotas de autónomos no sean fijas sino progresivas en función del nivel de ingresos, que mejoren sus beneficios sociales. También política fiscal para los empresarios que pagan cuotas del impuesto de sociedades muy por encima de las grades empresas. Políticas que beneficien a las productoras agrícolas.

Hay coincidencia en Ciudadanos con la necesidad de apoyar al empresario.

-(RM) Estamos muy de acuerdo en que el desarrollo económico no lo crean los gobiernos sino los empresarios. No queremos que la cuota de autónomo sea una mochila con la que cargan nada más comenzar el mes de forma que no tenga que pagar hasta que sus ingresos sean equivalentes al salario mínimo y, desde ahí, un sistema progresivo para ayudar de manera real a que se creen autónomos.

-(GE) Hace falta intervención pública. Lo que ha pasado desde antes de la crisis es que se dejó al mercado crecer sin ningún tipo de control con las consecuencias que tenemos. Creemos en acomodar la actuación económica al bien de la sociedad, dirigida a la mayoría social. Hemos dicho muchas veces que se legisla para los de arriba o para los de abajo, y Podemos está con la mayoría.

¿Qué medidas tomarían contra la corrupción?

-(GE) Aparte de incorporar delitos como administración desleal, la intervención de activos para la recuperación del dinero y otra serie de medidas paralelas,  planteamos un plan nacional  contra la corrupción. Es fácil tapar los agujeros del sistema judicial con reformas penales y procesales, con la aparición de brigadas judiciales y otro abanico de medidas. También la ley de financiación de los partidos políticos; la del PP es una guasa.

-(RM) Ciudadanos ha propuesto que los delitos de corrupción no prescriban, separar el poder legislativo del judicial para que jueces y fiscales no estén sujetos al Gobierno. Cualquier persona investigada por corrupción, fuera del partido. Y responsabilidad tanto del partido como de la persona física del daño que haya podido hacer al municipio, a la sociedad, a España.