El Consejo de Gobierno daba ayer luz verde al proyecto de ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Castilla-La Mancha. Un texto que será inmediatamente remitido a las Cortes regionales para su deliberación y debate, donde el Ejecutivo espera contar con el apoyo «unánime» para su aprobación.

Así lo manifestaba ayer el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, quien subrayaba que este proyecto de ley se encuentra en «sintonía» con lo que plantea la sociedad, «asumiendo el respeto a las diferencias y la igualdad de oportunidades» de las personas con discapacidad.

Un texto que ha sido aprobado «casi» tal y como quedó el anteproyecto, elaborado en colaboración con el sector -al que Esteban agradecía «su aportación, su trabajo y orientación»-, y que contará con 86 artículos agrupados en siete títulos, con disposiciones adicionales y cinco disposiciones finales.

Una ley que se articula en torno a tres objetivos fundamentales como son garantizar la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la inclusión de las personas con discapacidad; asegurar la transversalidad en las políticas -para lo cual en su elaboración se ha contado con todos los departamentos del Gobierno regional-, así como el establecimiento de los principios necesarios para la protección de las personas con discapacidad y sus familias.

Una norma «pionera», subrayaba Esteban, que garantizará los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad y sus familias en el ámbito de la Administración regional. Una nueva ley elaborada «con la participación del sector y desde el punto de vista de la sostenibilidad económica», apostillaba el portavoz del Ejecutivo regional.

Centros especiales empleo. Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobaba también, dentro de la convocatoria de ayudas para el mantenimiento de los centros especiales de empleo, dos subvenciones que por su cuantía, superior al medio millón de euros, debían recibir el visto bueno del Gobierno. Una ayuda de 600.000 euros para la Fundación Asprona Laboral, y otra de casi un millón de euros para Manchalan.

Ayudas enmarcadas en la convocatoria aprobada el 31 de mayo, que contemplaba más de 10 millones de euros para los centros especiales de empleo.